El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha afirmado que "la maquinaria judicial" debe estar preparada para dar respuesta a los delitos que puedan llevar "a miles de personas al paro, a que miles de inversores vean peligrar sus ahorros o a que haya que hacer recortes en los sueldos". Además, ha asegurado que la Fiscalía "no debe permanecer impasible" ante la crisis y debe contribuir a "paliar sus consecuencias más dramáticas".

En el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, en el que ha sido presentado por el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, Calparsoro ha afirmado que confía "plenamente" en la investigación que la Fiscalía anticorrupción, a instancias del Fiscal General, para comprobar si se han cometido posibles delitos de falsedad documental, administración desleal o delito societario, estafa, apropiación indebida y delito contable "en el momento de la fusión de las cajas para formar Bankia y el momento de la salida a Bolsa de la entidad"

Asimismo, también ha apoyado la investigación "para comprobar si puede existir delito a consecuencia de las indemnizaciones millonarias de los exdirectivos de algunas cajas, como Caixa Penedés o Novacaixagalicia".

A su juicio, tal como ha señalado "con acierto" el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, existe "una demanda social para que las actividades de las entidades financieras sean investigadas, y aunque no existiera esa demanda, el asunto merece esa investigación".

Además, ha recordado que Fiscalías territoriales han adoptado otras iniciativas, como la de Galicia que presentará "una demanda colectiva civil en defensa de los consumidores por posibles claúsulas abusivas de las llamadas acciones preferentes de Novagalicia Banco, que ha generado la imposibilidad de que los ahorradores recuperen un dinero que la mayoría creía seguro en este tipo de inversión", lo que ha afectado a 43.000 personas, de las que un 10 por ciento son pensionistas.

No obstante, ha precisado que, en la Fiscalía vasca no constan "peticiones o reclamaciones similares, probablemente, entre otras razones, porque las cajas vascas son las más solventes del Estado, pese a las dificultades por la que atraviesan todas las entidades financieras".

"Pero estamos atentos a la evolución de los acontecimientos y vigilantes para realizar las investigaciones y ejercitar las acciones penales o civiles en defensa de los ciudadanos, consumidores y usuarios que nos competan", ha aseverado.

Juan Calparsoro ha considerado, asimismo, que hay que pensar también, "ahora más que nunca, en el ciudadano común, que paga con honradez sus impuestos, que desempeña honestamente un trabajo o es demandante de empleo, que está jubilado y cobrando su pensión", que "son víctimas potenciales y reales de abusos y de actos ilícitos que hay que perseguir con determinación".

Deudores hipotecarios

El Fiscal Superior vasca ha destacado la incorporación de la Fiscalía vasca al acuerdo del Gobierno autonómico y del Poder Judicial en Euskadi "para afrontar las dificultades de los deudores hipotecarios en crisis económica, sus dificultades para pagar las cuotas de su vivienda habitual y su firme empeño de sostener la vigencia de unos contratos a los que las altas tasas de paro amenazan al cerrar la fuente principal o única de ingresos, el salario, con el que pagar las cuotas de la hipoteca".

En este sentido, ha subrayado que "la iniciativa tiene tres partes: la primera de carácter preventivo, la segunda referente a la mediación y la tercera afronta el realojo de los deudores desahuciados de su vivienda".

"El fin de la mediación es acercar posiciones de acreedor y deudor hipotecario para, ante las dificultades de pagar del deudor en crisis, poder llegar a un nuevo acuerdo de reestructuración de la deuda que permita al deudor continuar con el pago de la hipoteca y con el disfrute de la vivienda, sin desatender por ello a sus restantes necesidades de subsistencia", ha añadido. Con ello, se pretende "evitar el desahucio del deudor", ante el "convencimiento de que es la peor salida".

Para Calparsoro, éste "es un ejemplo del camino que debe seguir el Ministerio Fiscal en este tiempo económicamente convulso". "La maquinaria judicial debe estar preparada para dar respuesta a los miles de pequeños hurtos o estafas que se denuncian diariamente, pero también a un solo delito que puede determinar que miles de personas vayan al paro, que miles de inversores vean peligrar sus ahorros o que haya que hacer recortes en los sueldos", ha aseverado.

Por ello, ha mostrado su deseo de que los ciudadanos vean "en la Fiscalía vasca una institución cercana, transparente y honesta que, ante las graves injusticias que hay en el mundo en general, en donde una minoría confisca los bienes de la tierra en detrimento de pueblos enteros, se pueda hacer justicia a este pueblo, justicia vivida en todas las dimensiones de la vida, económica y social".

El actual contexto de la crisis económica exige, a su entender, a los fiscales "un renovado esfuerzo en aquellos campos donde los efectos de la crisis se hacen notar con especial intensidad".

"Creo firmemente que, ante esta grave situación económica que estamos padeciendo, la Fiscalía no puede permanecer impasible", ha aseverado, para emplazar a contribuir a "paliar las consecuencias más dramáticas para los ciudadanos" porque se están agravando las "situaciones de vulnerabilidad de derechos económicos y sociales" que se reflejan "en el derecho a la salud, el derecho a una vivienda, en el derecho al trabajo y en los derechos de consumidores y usuarios".

"Los fiscales debemos seguir actuando con decisión ante esta crisis, tenemos instrumentos legales suficientes para ello", ha indicado.

Unión europea

Para el máximo representante de la Fiscalía vasca, la pertenencia a la UE y al euro "supone una garantía", pero esa "unión política y económica se ha demostrado imperfecta y arrastra las consecuencias de la ausencia de una verdadera unión fiscal y de una verdadera integración política".

"Parece que el camino está marcado y solamente faltarían la decisión de los Estados de llegar a esa mayor integración y el liderazgo necesario para dirigir ese proceso", ha indicado.

Pese a "ese déficit en el proceso de creación de Europa", cree que "se han dado pasos importantes", y ha recordado la posibilidad de crear una Fiscalía Europea, en relación con las Fiscalías nacionales, para perseguir "las infracciones que perjudiquen los intereses financieros de la Unión, ampliable por unanimidad a la delincuencia transnacional grave".

Además, ha recordado que el Derecho Penal "ya hace tiempo que penetra con naturalidad" en los delitos de "cuello blanco", aunque con "grandes esfuerzos por la complejidad de los mecanismos de funcionamiento, en el ámbito de los negocios y las finanzas.

A su juicio, "el mercado puede hacer tambalearse nuestras vidas, enviar al paro indefinidamente a nuestros hijos o quebrar nuestro sistema de pensiones, y debe haber mecanismo de reacción y una norma penal que clara y directamente proteja esos valores, personificados en el sistema financiero y en la moneda que lo sustenta".

Además, ha abogado por "una autoridad fuerte, reconocible, institucionalmente establecida capaz de articular, desarrollar y ejecutar una resolución basada en el derecho, que ponga coto a esas conductas e impida sus consecuencias nefastas".

Juan Calparsoro ha considerado "una prioridad indiscutible la lucha contra la corrupción" porque "se convierte en un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo social y político de las sociedades". "El poder público corrompido no atiende al interés general, sino al ánimo de lucro, la avaricia, produciendo efectos catastróficos", ha apuntado.