El diputado del Grupo Popular, Miguel Cabrera, ha calificado el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales del Gobierno de Canarias de "bodrio" y "diarrea legislativa", y un "ejemplo" de cómo no deben hacerse las normas jurídicas.
Ante una representación de empresarios y sindicatos de varios puntos de las islas, ha defendido su enmienda a la totalidad acusando al Ejecutivo regional de estar en la "barranquera del ridículo", y ha pedido a Rivero de "asumir" su dependencia constitucional del Gobierno central.
Según el PP, con la aplicación de este plan de ajuste, se perderán unos 6.000 empleos este año y otros 15.000 en 2013, aparte de una caída de 1,2 puntos en el Producto Interior Bruto (PIB).
Ha descrito a Rivero como un "aventurero" pendiente de las prospecciones petrolíferas y el congreso regional de Coalición Canaria, y le ha pedido que organice viajes de inversores extranjeros a Canarias, y no al revés, como ha hecho en Uruguay y Marruecos.
Pérez-Camacho se ha quejado de que el Ejecutivo va a "freír" a los ciudadanos a impuestos, y ha retado a González Ortiz a que elimine la Policía Autonómica y la Televisión Canaria para evitar la subida tributaria. "Son caprichos nacionalistas, un lujo innecesario y dos gastos majaderos. Estamos totalmente en contra de este proyecto, y punto", ha explicado.
Efectos "nocivos"
Acerca del IGIC, ha dicho que la subida traerá efectos "nocivos" porque se reducirá la capacidad de compra de los consumidores y las ventas de las empresas, con efectos inflacionistas. "Se los ha dicho todo el mundo y están ciegos, sordos y mudos. Aquí escribimos Paulino en el país de las tasas", ha indicado.
En esa línea, ha advertido del incremento de los precios del carburante por la modificación del impuesto y de la inconstitucionalidad de algunos puntos del proyecto, caso del impuesto a las grandes superficies.
Finalmente, Pérez-Camacho ha dicho que el PP no va a "cooperar" con esta ley, que a su juicio, "debe volver a la papelera".
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