Ayuntamiento se muestra "flexible" con Torremolinos, pero si no se concreta el pago de deuda, acudirá al juzgado

De la Torre defiende su actuación y recuerda que otras administraciones adeudan dinero, como la Junta, con 18 millones
Francisco de la Torre
Francisco de la Torre
EUROPA PRESS
Francisco de la Torre

La deuda de más de 16 millones de euros que el Ayuntamiento de Torremolinos mantiene con el de Málaga por su segregación ha sido protagonista del pleno de este jueves en el Consistorio de la capital, al que se han llevado hasta tres mociones en este sentido —una por cada grupo político—. Entre todo lo debatido y lo acordado, la conclusión es que si para principios de julio, una vez agotado el plazo de 60 días naturales dado el pasado 3 de mayo, no se ha concretado el mecanismo de pago, se reclamará al juzgado la ejecución forzosa de la sentencia que reconoce esa cantidad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha comunicado que informó este pasado miércoles por teléfono a su homólogo de Torremolinos y compañero del PP, Pedro Fernández Montes, de la presentación en el pleno de esta iniciativa, ha subrayado "la voluntad firme de cobrar" porque hay "una sentencia firme" y porque "ha habido tiempo sobrado en estos años y en estos 60 días". No obstante, ha insistido en que ese pago se haga de manera "flexible", atendiendo a la situación económica actual de los ayuntamientos.

De hecho, el primer edil malagueño ha insistido en la solución mixta de pagar con dinero y con la entrega de solares, "siempre en su valor de hoy". El objetivo, según ha declarado, es "un acuerdo que dé garantías, con un calendario firme".

Deuda de la junta

Una flexibilidad que, según el alcalde, "la hemos tenido independientemente del color político" porque "lo que no queremos es crear problemas de pago de nóminas o a proveedores en el Ayuntamiento de Torremolinos". Así, ha comentado que hay otras administraciones que mantienen deudas con el Consistorio de la capital y no se recuerdan continuamente, poniendo como ejemplo la Junta, que debe a la ciudad "18 millones de euros".

Ha asegurado que por parte del Ayuntamiento de Málaga ha habido "una voluntad política de dar todas las facilidades" al de Torremolinos, por lo que espera que "a eso se responda en los mismos términos". De hecho, se insta al vecino municipio a la constitución inmediata de una comisión mixta de estudio de ejecución de la sentencia.

De la moción del PP se han aprobado por unanimidad los dos puntos relativos a trasladar "el máximo respeto y aprecio" por la Corporación torremolinense y sus vecinos, así como "el firme compromiso en el mantenimiento del diálogo, la cordialidad y la lealtad institucional" entre ambos ayuntamientos, y a prestar "las máximas facilidades" a Torremolinos para poder satisfacer esta deuda, reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2007 y declarada firme por el Tribunal Supremo (TS) en un auto de 2008.

Críticas de psoe e iu

Los grupos de la oposición, PSOE e IU, que han exigido que se solicite de forma inmediata la ejecución de la sentencia del TSJA, han coincidido en sus críticas acerca de "la opacidad y la falta de transparencia" que ha habido en este asunto, mostrándose seguros de que si el regidor de Torremolinos no fuera del PP, De la Torre "no hubiera sido tan tibio, moderado, discreto e inactivo". "Ha habido un criterio de color político", en opinión del portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, para quien "el afán reivindicativo del alcalde de Málaga se atenúa o acentúa en función de si se o no del mismo partido".

Para la portavoz socialista, María Gámez, De la Torre "no ha hecho un ejercicio diligente de la petición de esta deuda, no ha actuado con la contundencia necesaria", y ha asegurado que "ese trato no hubiera sido con un Ayuntamiento gobernado por el PSOE". "Es vergonzoso que atienda más a las claves de su partido que a las necesidades de la ciudad", por lo que ha pedido "contundencia en la defensa de los derechos de los ciudadanos" y sobre todo que "se acuerde que es alcalde de Málaga y no compañero de partido".

Ejecución forzosa en 2009

De la Torre ha rechazado las críticas acerca de que no se haya actuado en este asunto y ha dejado claro que desde 2007 "se estuvo dialogando y buscando soluciones" y, más aún, en abril de 2009 se demandó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA la ejecución forzosa del fallo de la sentencia; sin embargo, el Ayuntamiento de Torremolinos argumentó que se estaba en negociaciones y, aunque "era cierto, no era menos cierto que no se llegó a ningún fruto". Y desde entonces "tampoco se ha cerrado" ese proceso.

Por ello, ha justificado la presentación este jueves de la moción urgente del PP, "constructiva y positiva", aludiendo a que "siempre es bueno un pronunciamiento del Ayuntamiento en su totalidad", y sobre todo porque, aunque "sé que están haciendo algún documento —desde Torremolinos—, no ha habido una respuesta que permita cerrar este tema".

Más intereses

"No ha habido dejación de funciones; hemos actuado con contundencia y a la vez con sensatez; el Ayuntamiento ha estado activo permanentemente en el cobro de esta deuda, con acciones tanto por escrito como de palabra", ha afirmado De la Torre, agregando que "los intereses de la ciudad están defendidos, puesto que, aunque no es nuestro planteamiento, cuanto más tiempo se tarde en pagar, más intereses habrá".

De hecho, ha recordado que la deuda inicial era de 9,8 millones de euros, habiendo llegado ahora a los 16,16 millones por los intereses. "Nuestros intereses están defendidos, los que no lo estarán son los del Ayuntamiento de Torremolinos si no paga ya", ha subrayado.

Tanto PSOE como Izquierda Unida han hecho hincapié en la necesidad, dadas las carencias que presenta la ciudad de Málaga, de contar con esos más de 16 millones de euros, que "vendrían como agua de mayo", ha dicho Moreno Brenes.

"La cantidad de sufrimientos que se habrían evitado con ese dinero, pero cuando se trata de los suyos, se raja", ha lamentado el edil de la coalición de izquierdas, cuyo grupo planteaba, incluso, el ingreso de esa deuda en las arcas municipales en un plazo de cinco meses, tras lo cual se instaba al equipo de gobierno a exigir el pago a través de la vía judicial.

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