Las protestas estudiantiles que tomaron durante días las calles de Valencia los meses de febrero y marzo ya tienen su primera consecuencia jurídica: una lluvia de multas.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat ha incoado 230 propuestas de sanción administrativa contra participantes en la denominada primavera valenciana, el movimiento estudiantil cuyo epicentro partió del instituto Lluís Vives.

Precisamente este martes, frente a ese simbólico escenario, decenas de afectados por estas multas enseñaron las denuncias que han recibido. Las sanciones, según fuentes de la Delegación del Gobierno, van desde los 100 a los 301 euros. En cambio, los afectados dijeron que el procedimiento sancionador recoge cuantías de hasta 6.000 euros.

De las 230 sanciones, fuentes oficiales afirmaron que 171 corresponden a mayores de edad y 59 a menores. Algunos afectados dijeron ayer que estas multas buscan "criminalizar" a quienes se manifestaron frente a la comisaría de Zapadores y a algunos de los que cortaron la calle Xàtiva.

Los estudiantes sancionados consideran que estas multas avalan la actuación de la Policía Nacional aquellas jornadas, por lo que anunciaron que en los próximos días serán ellos quienes denunciarán a la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, por "abuso de autoridad y extralimitación" al ordenar o consentir las cargas.

En su opinión, la dirigente interpretó la ley "de una forma totalmente franquista" y "usurpó derechos de los ciudadanos".