Son mujeres invisibles. Muchas de ellas llegaron en patera a España, huyendo de conflictos en su país. Durante el camino han pasado hambre y penurias, con lesiones físicas que lo demuestran. Pero lo que quizá no sabían es que al llegar a su 'tierra prometida' se las metería en una jaula por encontrarse en una situación desregularizada.

Lucy es una de ellas. Es del África subsahariana y llegó en patera al puerto de Motril, en Granada, para ser internada inmediatamente en un CIE —Centros de Internamiento para Extranjeros—. Nerviosa y desorientada, confiesa a la ONG Women's Link Worldwide que tiene mucho miedo. En su travesía antes de llegar a España atravesó Argelia, donde trabajó como esclava sexual, y Marruecos. Además, indica que la misma persona que la explotaba sexualmente le facilitó la conexión para viajar a España en patera.

Women's Link Worldwide recoge su historia y la de muchas otras mujeres en el informe Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros: Realidades entre rejas presentado este martes, en el que denuncia las violaciones de derechos de muchas mujeres en Centros de Internamiento de todo el territorio español.

Entre las deficiencias detectadas destaca la falta de información de las internadas, que no conocen su situación o sus derechos, no tienen contacto con sus abogados y no son escuchadas cuando denuncian ser víctimas de trata con fines sexuales.

De hecho, según WLW, ha interpuesto una demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber atendido la denuncia y petición de asilo de una mujer latinoamericana, supuestamente víctima de trata y que iba a ser deportada a su país.

Además, WLW ha sido informada por el Ministerio del Interior sobre los avances en la elaboración del reglamento que regirá el funcionamiento de estos centros de retención de inmigrantes irregulares en proceso de expulsión.

Según denuncia la organización, este nuevo reglamento que prepara Interior no contempla ninguna medida especial para las mujeresinternadas, ni para las embarazadas o las víctimas de trata. "No tenemos copia del borrador, pero por las palabras del responsable del ministerio que nos informó deducimos que no va a haber nada referente a las condiciones y necesidades específicas de las mujeres", ha asegurado este martes la directora ejecutiva de WLE, Viviana Waisman.

"Confiamos en que el informe llegue a tiempo para influir en la elaboración del reglamento y que las cuestiones de género sean tenidas en cuenta", ha apuntado la responsable de WLW.

La investigación, realizada entre 2010 y 2012, pone de manifiesto las carencias, discriminaciones e indefensión que sufren las inmigrantes retenidas en centros de toda España. "Se vulneran sistemáticamente los derechos de las mujeres", ha subrayado Waisman, quien ha destacado las violaciones del derechos a la salud y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Así, no existen condiciones y atención específica para mujeres embarazadas, no se garantiza el acceso a medicamentos o tratamientos médicos en curso y "lo más dispensado son los tranquilizantes", incluso para mujeres en proceso de desintoxicación.

A parte del "lamentable" estado de los centros —la mayoría de los cuales no ha sido habilitado para su actual función— WLW también ha detectado que las mujeres suelen tener instalaciones más pequeñas y peor equipadas que los hombres, que disfrutan de menos tiempo en el patio y, en algunos casos, son las responsables de la limpieza de sus propios módulos.

"Pero lo peor es la privación de libertad total y absoluta a la que son sometidas sin ningún tipo de información", ha subrayado Helena Maleno, experta en temas de inmigración y una de las responsables del informe.

Maleno, quien ha realizado visitas a diversos CIE y se ha entrevistado con numerosas reclusas ha destacado la "tremenda vulnerabilidad de unas mujeres que no saben dónde están, por qué están detenidas, por cuánto tiempo o que va a ser de ellas, y cuando preguntan, nadie les dice nada".

"Para ellos no somos personas", dice Daria, una mujer de Europa del Este interna en el CIE de Aluche —en Madrid—, en referencia al trato policial que allí reciben.

El estudio ha sido elaborado gracias a entrevistas personales con 45 mujeres internadas, la colaboración de varias ONG de apoyo a las internadas y entrevistas con los jueces de control, las autoridades y el Ministerio de Interior.

Christine estaba embarazada cuando llegó en patera al puerto de Motril, Granada. En el momento en que fue entrevistada por WLW —julio de 2011—, llevaba en España un mes y dos semanas. Los tres primeros días durmió en el suelo de una estancia habilitada para la acogida de inmigrantes en el puerto de Motril, con tan solo una manta. "Esas no son condiciones para una mujer embarazada", comenta.

Además, tiene una grave infección de transmisión sexual y se muestra preocupada porque el médico del CIE de Algeciras no la ha tenido en cuenta y podría afectar a su embarazo. Su queja principal es por la falta de asistencia sanitaria. El trato de algunos policías en ese centro le causa ansiedad: "Son muy desagradables y nos faltan al respeto", denuncia. Después de que la organización informase al centro de la infección que padece Christine, la mujer fue trasladada al hospital.

El caso de Yasmin es distinto. De procedencia latinoamericana, fue detenida en una redada de un club de Huelva donde ejercía la prostitución. Denuncia que tanto la comida como la asistencia sanitaria en el CIE de Algeciras es deficitaria.

Aunque no está preocupada por su deportación, sí le inquietan las condiciones del internamiento. No entiende por qué la retienen tanto tiempo antes de enviarla a su país. Siente que es un castigo, como estar encerrada en una cárcel: "Si me van a deportar que lo hagan ya, porque es un sufrimiento estar aquí dentro", asegura.

Rosa, latinoamericana, fue detenida por una denuncia que presentó su empleadora en el servicio doméstico. En el momento de la entrevista llevaba en España 6 años. Repite constantemente, nerviosa, que no ha hecho nada malo para estar en esa "cárcel" y que al trabajar como empleada vivió una situación de explotación, vista por ella como algo normal: "Venimos ilegales a este país y hay que aguantar. La señora —su empleadora— me decía constantemente 'latina de mierda, yo soy española y te voy a mandar a tu país'".

Natasha es de un país del norte de África y pese a llevar seis años en España, en el momento de la entrevista se encontraba en un dilema: si quedarse o dejar que la expulsen a su país—se encontraba en el CIE de Las Palmas de Gran Canaria—. El motivo es su homosexualidad, penada en su país con dos años de cárcel. Además es drogodependientey se siente como encerrada en una jaula, de ahí que pida tranquilizantes a la doctora para poder dormir todo el día. Entre las carencias que denuncia están la comida y el agua. Posteriormente, Natasha fue deportada a su país sin su documentación de identidad.

Violeta es latinoamericana, lleva viviendo en España 6 años y en el momento en que fue entrevistada llevaba 46 días interna en el CIE de Valencia. Comenta, llorando, que su periodo de internamiento le está consumiendo psicológicamente. Además, su familia no entiende que la encierren solo por "no tener papeles".

"Esto me está matando", dice Violeta, que pide que la devuelvan a su país después de haber pasado en el CIE las navidades y el fin de año. Su historia concluye al ser trasladada a su país de origen y volviendo a reencontrarse con su familia. Antes de ser deportada, decía lo siguiente:  "Dejo muchas cosas aquí en España, cosas materiales, porque me es imposible llevármelo todo. Pero, sobre todo, dejo sentimientos".

Los CIE, dependientes del Ministerio del Interior, son instalaciones públicas de carácter no penitenciario donde se retiene, con el objeto de facilitar su expulsión, a las personas extranjeras en situación irregular, privándolas de libertad durante un periodo máximo de 60 días.

En España hay diez Centros de Internamiento de Extranjeros: Aluche —en Madrid, cuenta con un módulo para mujeres con 44 plazas—, Barranco Seco —en Las Palmas de Gran Canaria, con cabida para 36 mujeres—, Capuchinos —Málaga,con capacidad para 36 mujeres—, Hoya Fría —Tenerife, con capacidad máxima para 58 mujeres—, El Matorral —Fuerteventura, puede dar cabida hasta 36 mujeres—, La Piñera e Isla Las Palomas —Algeciras y Tarifa, respectivamente, solo el de Algeciras admite a mujeres, hasta un máximo de 72—, Sangonera la Verde —Murcia, tiene un módulo de mujeres con capacidad para 54 personas y otro para familias, que cuenta con 10 plazas—, Zapadores —Valencia, con capacidad para 24 mujeres— y Zona Franca —en Barcelona, destinado solo para hombres, aunque tiene un módulo para mujeres con 78 plazas—.

Quien tiene las competencias en materia de control judicial respecto de las personas allí internas son los Juzgados de Instrucción del orden penal del lugar donde se hayan practicado las detenciones de las personas extranjeras.

Por un lado, toda persona que sea detenida por los Cuerpos de Seguridad del Estado por encontrarse en una situación administrativa irregular o por tener abierto un expediente de expulsión, debe de ser llevada ante el juez de Instrucción Penal con jurisdicción en la zona donde se produjo la detención, quien decidirá si la persona es o no internada en cualquiera de los CIE presentes en el territorio español".

Además, están los Juzgados de Control de Instancia, que solo existen en aquellos lugares donde se ubican los CIE. De este modo, si un Juzgado de Instrucción decide internar a una persona, esta sería llevada a alguno de los CIE que hay en Espña, sobre los que los Juzgados de control tienen competencia. Su competencia, según indica Women's Link, es conocer las peticiones y quejas que plantean las personas internas en lo que se refiere a sus derechos fundamentales.