'El Bigotes' y Cándido Hererro se niegan a declarar por la supuesta financiación irregular del PPCV

  • Son el gestor de Orange Market y el exconsejero delegado de la firma.
  • Están imputados en la causa por supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana relacionada con la trama Gürtel.
El gestor de Orange Market Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El gestor de Orange Market Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
EFE
El gestor de Orange Market Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El gestor de Orange Market Álvaro Pérez, El Bigotes, y el exconsejero delegado de esta firma Cándido Herrero se han acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde han comparecido como imputados en la causa abierta por supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) relacionada con la trama Gürtel.

El Bigotes, considerado como el líder de la supuesta red de corrupción en Valencia, estaba citado a las 12.00 horas en el Palacio de Justicia, lugar al que ha llegado a las 11.55 horas y que ha abandonado a las 12.15 en compañía de su letrado.

Preguntado por los numerosos periodistas que aguardaban en la puerta, ha dicho: "No he declarado. Y si no lo he hecho arriba, tampoco lo voy a hacer ante ustedes".

Al igual que él, el exconsejero delegado de la firma también citado como imputado, Cándido Herrero, ha preferido no contestar a las preguntas de las partes personadas en esta causa.

Herrero, que trabajaba para la filial valenciana del grupo de empresas que lideraba Francisco Correa, estaba citado a las 10.30 horas y veinte minutos después ha abandonado el Palacio de Justicia tras dejar constancia de que no iba a declarar.

Este imputado había sido citado para responder a preguntas relacionada con las tres piezas que componen la causa: supuesto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, presunto delito de falsedad documental en las elecciones generales de 2008 y posible prevaricación en la contratación de Orange Market durante la etapa de Francisco Camps como president de la Generalitat Valenciana.

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