La construcción sigue viviendo en tinieblas y nada invita al optimismo. Pero el Gobierno cree que las cosas van a ir mejorando. La construcción de viviendas está en mínimos, pero estima el Ejecutivo que esa situación puede mejorar y vislumbra un horizonte más luminoso... en 2015.

Concretamente, prevé que el número de viviendas iniciadas se eleve gradualmente durante los próximos años hasta situarse en 2015 entre las 100.000 y las 110.000 unidades.

Sin embargo, y según consta en el Programa Nacional de Reformas 2012 remitido a la Comisión Europea, el propio Gobierno reconoce que "la evolución dependerá fundamentalmente del ritmo de absorción del stock inmobiliario que se encuentra aún sin vender".

La optimista estimación del Ejecutivo contrasta con las 51.956 viviendas libres que se iniciaron en 2011, un 17,6% menos, según datos del Ministerio de Fomento. De igual manera este año.

Los permisos para levantar nuevas viviendas fueron solo 9.371 unidades en enero (4.771) y febrero (4.600) de 2012. El dato supone un descenso del 37,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior (14.967 unidades).

Para dinamizar el sector inmobiliario, el Gobierno espera aprobar una Ley de Regeneración Urbana y de Fomento del Alquiler a fin de reforzar el papel de las administraciones públicas en este campo, establecer un marco normativo idóneo, flexibilizar las actuaciones en materia de rehabilitación así como la renovación integral del suelo urbano.

Para dar salida a las viviendas vacías, se llevará a cabo un Plan Estatal para la regeneración urbana y el alquiler (2013-2016) que defina un plan de vivienda protegida para alquiler y con opción a compra e impulse la rehabilitación.

Se fomentará el alquiler de las viviendas vacías mediante medidas fiscales, como incentivos al propietario con bonificaciones a las rentas de alquiler, al tiempo que se crea un registro público de inquilinos morosos o se flexibiliza la duración de los contratos de alquiler.

En materia de rehabilitación, el Gobierno busca atraer la iniciativa privada con convenios de gestión público-privada, implantar medidas fiscales para fomentar estas actuaciones y unificar la gestión de las ayudas y los programas a los ciudadanos mediante una ventanilla única.