El Gobierno vasco desafía a Rajoy y dará atención sanitaria a los inmigrantes irregulares

  • El Ejecutivo vasco considera "intolerable"  la "falta de formas" y la intromisión del Gobierno central en las competencias de las Comunidades Autónomas.
  • Nosotros no miramos a los de fuera y los de dentro como algo diferente", ha dicho la portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia.
Una sala de espera, abarrotada de pacientes.
Una sala de espera, abarrotada de pacientes.
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Una sala de espera, abarrotada de pacientes.

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha asegurado este jueves, en alusión a los recortes a la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares anunciados por el Gobierno del PP, que en Euskadi "se les seguirá atendiendo".

En una entrevista en ETB, Mendia ha afirmado que el Ejecutivo vasco "no mira a los de fuera y los de dentro como algo diferente" y considera que "todos somos necesarios".

"No acepto -ha añadido en referencia a los inmigrantes sin papeles- que no se les pueda atender".

La portavoz del Gobierno vasco ha señalado, en alusión a las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno de Rajoy en sanidad y educación, que en lo que haya "invasión competencial" por parte del Ejecutivo autónomo "habrá recurso al Constitucional".

Mendia ha considerado "intolerable" la "falta de formas" del Gobierno del PP al decidir los recortes, ya que "parece que ha olvidado", ha censurado, las competencias que tienen las Comunidades Autónomas.

Respecto a las críticas al Gobierno Vasco por parte del PP -partido que apoya al PSE-EE en el Ejecutivo autónomo-, ha considerado que este partido "está nervioso" por el papel "difícil" que tiene ante los ajustes que el Gobierno de Rajoy hace "viernes sí y viernes también".

Un recorte para ahorrar 1.500 millones

La retirada del carné sanitario a los inmigrantes en situación irregular es una de las medidas introducidas por Rajoy mediante un Decreto Ley para ahorrar 7.000 millones de euros a la Sanidad pública,  con el objetivo de garantizar la "sostenibilidad" y "universalidad".

La retirada de las prestaciones se justificaba, según el Gobierno central, porque era una manera de luchar contra el "uso fraudulento" de la sanidad por parte de extranjeros no residentes en España, y porque serviría para ahorrar unos 1.500 millones de euros al año.

Así los extranjeros irregulares, pero empadronados, perderán su tarjeta sanitaria, pero seguirán recibiendo atención de urgencias "hasta el alta" y "asistencia al embarazo, parto y postparto". Los menores serán tratados como ciudadanos españoles, pero quedarán fuera los irregulares.

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