La delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, ha insistido este miércoles en que se adoptarán "las medidas legales y oportunas que se tengan que tomar", una vez que el pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado, con los votos de PSOE y BNG, denunciar el convenio por el que el Ayuntamiento se encargaba de los servicios básicos —acometidas de luz, agua y gas— del nuevo hospital.

En declaraciones a los medios, Bravo Bosch ha explicado que este mismo miércoles habrá una reunión interna de la Xunta, al tiempo que ha precisado que la decisión se adoptará "entre todos".

La delegada de la Xunta ha insistido en que el nuevo hospital será un centro "cien por cien público" y que es imprescindible para la ciudad olívica.

"Queremos que de una vez por todas se desbloquee y se eviten los atrancos que continuamente pone la Alcaldía de Vigo", ha aseverado, al tiempo que ha defendido que el presidente del PP local y portavoz municipal popular, José Manuel Figueroa, es quien "más ha luchado" por el hospital.

DEPURADORA

Bravo Bosch se ha reunido este miércoles con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, quien ha confirmado la adjudicación del control y seguimiento de las obras de la nueva depuradora de Vigo por un importe de 2,9 millones de euros y con por un plazo de 64 meses. La adjudicataria es la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la gallega GOC y Fulcrum.

Coello ha mantenido la previsión de inicio de las obras para julio y ha destacado que "la depuradora que nunca llegaba ya está de nuevo en marcha". Asimismo, ha recordado que el total de inversión en esta infraestructura asciende a los 230 millones de euros.

Por otra parte, Coello explicó que se espera que a lo largo de mayo se comience con el traslado del personal a la nueva comisaría de la ciudad olívica —inicialmente previsto para abril— y, así, ha esperado que "ese tema esté cerrado entre mayo y junio".