La Federación Estatal de SOS Racismo advierte de que retirar la cobertura sanitaria a partir del 31 de agosto a los extranjeros en situación irregular empadronados en España como pretende hacer el Gobierno reformando la Ley de Extranjería es "una medida inconstitucional" que "dejará un rastro de excusión social y conflictividad que terminará mojando a todos".

La ministra de Sanidad, Ana Mato, señaló este lunes que no bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá también la residencia fiscal, para lo que uno es obligatorio a estar dado de alta en la Seguridad Social. Esta modificación forma parte de los requisitos que precisa el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que aprobó el viernes el Consejo de Ministros.

Según cálculos efectuados, la medida podría afectar a unos 150.000 inmigrantes, dado que ni los inmigrantes comunitarios, ni las embarazadas ni los menores se vería afectados.

La organización SOS Racismo se basa en las sentencias que el Tribunal Constitucional dictó en el año 2007 para reconocer el derecho de reunión y asociación a los inmigrantes en situación irregular que en la legislación de extranjería vigente entonces les negaba.

Según explica SOS Racismo, el Alto Tribunal impidió con aquellas sentencias "un intento similar por parte del Partido Popular de restringir el acceso a derechos fundamentales para el colectivo de inmigrantes en situación irregular".

Para esta ONG, esta medida, por la que las personas sin permiso de residencia sólo tendrán derecho a la atención de urgencia—salvo las embarazadas y los niños, que conservan su cobertura integral—, supone además, "un grave retroceso en la conquista de derechos sociales" de este colectivo que coloca al Gobierno de España en "la ola de otros países europeos de populismo y racismo institucional".

"La crisis económica, a pesar de su crudeza, no puede ser excusa para vaciar de derechos a las personas migrantes con lo que ello conlleva de fractura en los principios de universalidad e igualdad que deben presidir el acceso a derechos fundamentales, como el del acceso a la sanidad", afirman.

Los inmigrantes La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine) considera que los recortes en la asistencia sanitaria a los extranjeros son una agresión y lamenta que el Gobierno castigue y culpe a este colectivo de abusar de los servicios sanitarios.

Los inmigrantes estiman que la reforma no respeta el derecho que tiene la población inmigrante a acceder a los servicios de salud como cualquier ciudadano y coloca al colectivo "como cabeza de turco o chivo expiatorio", ya que opinan que "abren la puerta al racismo y a la xenofobia".

"No les basta con secuestrar a los sin papeles en los CIEs, si no que ahora también se les quita la posibilidad de tener una atención sanitaria, todo esto con el fin de presionar hasta su máxima expresión para forzar los retornos voluntarios, retorno que ya no asume el gobierno con el argumento que se han acabado los recursos", concluye el comunicado.

Médicos del Mundo asegura que retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes provocará "problemas de salud pública" y no sólo "no supondrá ningún ahorro" sino que "incrementará los costes" del sistema de salud, al elevar el número de atenciones en urgencias y, por tanto, las hospitalizaciones.

Por su parte, la portavoz de Inmigración del PSOE en el Congreso, Esperanza Esteve, ha tachado de "mezquindad" la intención del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. A su juicio perjudicará a todo el país y provocará problemas de salud pública.

El PSOE teme que se penalice a "personas inmigrantes que han cotizado y por razones de mercado de trabajo se queden sin atención sanitaria". En lo que sí está de acuerdo es en que hay que atajar el turismo sanitario, precisamente porque considera que con la crisis económica el país no está en condiciones para que se abuse de su sistema sanitario.