La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha declarado este lunes "de utilidad pública" y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la petrolera YPF, controlada en un 57% por la española Repsol.

Asimismo, ha dictado un decreto de "necesidad y urgencia" de intervención y ha colocado al frente de la empresa al ministro de Planificación, Julio de Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof, un miembro de la organización oficialista La Cámpora que ha tenido un papel protagonista en la expropiación de YPF.

El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta —representante asimismo del Estado en el Consejo de Administración de YPF— se ha presentado en la sede de la compañía minutos después del anuncio de la presidenta para hacer efectiva la intervención.

La presidenta Fernández de Kirchner  inició su discurso para informar sobre la medida exponiendo que los datos de reinversión en el país por parte de Repsol reflejan una curva que se parece "a la trompa de un elefante", en un claro guiño al accidente en Botsuana del rey don Juan Carlos.

De las acciones expropiadas a YPF, el 51% pasarán a estar bajo control del Estado nacional y el 49% restante se distribuirán "entre las provincias", de modo que el Gobierno tendrá un 26,01% del capital final y las provincias, el 24,99% restante.

El 51% de YPF que el Gobierno argentino tiene previsto expropiar tiene un valor de mercado de cerca de 3.500 millones de euros, tras las últimas caídas experimentadas en las últimas semanas por la filial de Repsol al abrigo de los rumores de nacionalización. El anuncio de este lunes ha provocado una caída superior al 15% en las acciones de YPF, hasta 101,1 pesos, un nivel muy inferior a los 205 pesos que costaba cada título en marzo de 2011. La cotización fue posteriormente suspendida.

El proyecto de ley llegará este mismo lunes al Parlamento, según ha confirmado la dirigente, detallando que está redactado en "50 páginas de fundamentos claros y precisos" y dividido en 19 artículos.

"Las empresas radicadas aquí, aunque tengan inversores extranjeros, son empresas argentinas", ha añadido Fernández, explicando que "de proseguir la política de vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales", ha subrayado la mandataria.

Durante su discurso, la presidenta Fernández de Kirchner ha asegurado que "no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de las faltas de respeto o a las frases insolentes; no soy una patriotera", ha resaltado, recordando así la tensión vivida con España en los últimos días.

Fernández ha dicho que esta maniobra, la de la expropiación, "no es inédita" ya que Argentina es prácticamente "el único país de América y casi del mundo" que no gestiona sus recursos naturales, "pero hubo motivos más fuertes para tomar esta decisión". Esta ley supone, ha explicado, "una manera de recuperación de la soberanía".

Tras la "desnacionalización" de YPF en 1998, afirmó Fernández, el país ha acabado convirtiéndose en "importador neto" de gas y petróleo, señaló, antes de aludir a la "desnacionalización" a finales de los años noventa como uno de los grandes "problemas" del país.

La valoración de la compañía YPF será efectuada por el tribunal de tasaciones, según el proyecto de ley, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos". El proyecto incluye la "remoción de la totalidad de directores" de la compañía y pretende garantizar la "continuidad operativa".

Una vez asumido el control de la empresa por parte del Estado, la transferencia de las acciones solo podrá realizarse mediante la "autorización honorable" del Congreso de la Nación, indica la norma. El día en que se apruebe la nacionalización, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina convocará una junta general de accionistas en la que se producirá la destitución de los actuales directivos de la empresa.

El anuncio de la expropiación de YPF se produce tras cuatro meses de presiones del Gobierno argentino a la empresa, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversiones.

La empresa YPF cayó dentro de la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y en enero de 1999 Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino el 14,9 % de la petrolera por unos 2.000 millones de dólares.

La petrolera, participada por Repsol en un 57,43 %, es el primer contribuyente al fisco argentino, el mayor productor de hidrocarburos del país y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores y miles de empleos indirectos.

Desde que Repsol se hizo con el control de YPF en 1999, la filial argentina ha cerrado sus balances en positivo, con ganancias que en algunos ejercicios equivalieron a casi la mitad de los beneficios mundiales del grupo español. YPF registró en 2011 una ganancia neta 1.204 millones de dólares, un 8,5% menos que en 2010.