Los casos de los 'niños robados': un año de investigaciones, 1.500 denuncias y una imputada

  • Sor María Gómez Valbuena es la primera imputada en España por el robo y la venta de bebés recién nacidos.
  • El caso, en realidad cientos, es un asunto complejo que implica la colaboración de distintos ministerios, la Fiscalía y las  asociaciones de afectados.
Sor María Gómez Valbuena, a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla.
Sor María Gómez Valbuena, a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla.
JORGE PARÍS

La imagen de sor María, cabizbaja, esquiva, rodeada de fotógrafos y periodistas, mientras abandonaba el juzgado madrileño donde había sido citada a declarar, ilustra la expectación creada por un escándalo que afecta a cientos, probablemente miles de personas.

Estas son las principales claves de un asunto que ha truncado la vida de muchas familias, como hace unas horas reconocía una de las víctimas, María, que confesaba que saber que era una niña robada "le había destrozado la vida".

¿Cuándo se empezó a hablar de caso de los 'niños robados'?

El caso de los niños robados saltó a la opinión pública en 2008. Tras la aprobación a finales de  2007 de la Ley de la Memoria Histórica empezaron a salir a la luz los casos de los niños que fueron arrebatados a sus padres republicanos para ser educados en la "afección al régimen" durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. A estos casos se han sumado cientos de denuncias de desapariciones que se extienden desde la década de los cincuenta hasta los noventa y afecta a personas de todas partes y todas las condiciones sociales y económicas. Padres y madres a los que dijeron que sus hijos habían muerto; padres adoptivos a los que entregaron hijos que supuestamente nadie quería...

¿Cuándo se iniciaron las investigaciones?

En enero de 2011, más de 200 afectados presentaron una demanda colectiva ante la Fiscalía General del Estado para que iniciara una investigación para identificar  a los responsables de una trama dedicada al robo y posterior venta de niño. Los demandantes, ubicados en distintos puntos de la geografía nacional, estaban agrupados en la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir).

¿Cómo ha procedido la Fiscalía?

En junio de 2011, el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, descartó que el conjunto de las desapariciones se pudiera atribuir a "una sola organización", por lo que rechazó la apertura de una investigación nacional y pidió que fuesen las fiscalías provinciales las que analizaran caso a caso. La Fiscalía ejerce ahora una labor de coordinación y asesoramiento, pero son las fiscalías provinciales las que desarrollan las investigaciones.

¿De cuántos niños estamos hablando?

El número de denuncias está en torno a las 1.500. Según la Fiscalía General del Estado, en el último balance disponible, de noviembre de 2011, se habían abierto 1.072 diligencias informativas, 342 diligencias previas y se habían producido 14 exhumaciones. Las asociaciones de afectados calculan que los casos de niños robados y entregados a sus familias con una identidad falsa podrían ascender a 300.000.

Por primera vez este viernes, una jueza de Alicante ha ordenado una exhumación en la Comunitat Valenciana. Hasta ahora todas las exhumaciones habían sido ordenadas por la Fiscalía.

¿Cuántas personas han sido imputadas?

De momento la primera y única persona imputada por el caso de los 'niños robados' es la religiosa María Gómez Valbuena, conocida como sor María, a la que María Luisa Torres, madre biológica de Pilar Alcalde, denunció por haberle robado a su hija en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina.

¿Cómo se procedía en el robo de niños?

Aunque la variedad de denuncias y de casos dificulta establecer un solo procedimiento, en la mayoría de las ocasiones, los responsables de las clínicas decían a los padres que sus bebés había muerto al nacer o a las pocas horas y aceleraban los trámites de enterramiento, sin la participación de la familia.

Los bebés eran entregados a otras parejas previa falsificación de los documentos necesarios, tanto el certificado de defunción, como la nueva inscripción como nacidos con otra identidad y otros padres, que pagaban por ello.

Según las investigaciones de las asociaciones de afectados, en la operación estaban implicados médicos, personal sanitario, abogados, funcionarios de la administración e incluso religiosos o religiosas, como Sor María.

¿Qué opinan las asociaciones de afectados?

Todas las asociaciones coinciden en que los delitos deben ser investigados puesto que aún no han prescrito, aunque las dos principales parten de puntos de vista distintos.

Para la Plataforma Niños Robados, que reúne a unas 300 familias y ha creado una web para ayudar a localizar a los afectados, el robo de recién nacidos en clínicas de toda España era una trama perfectamente organizada para "compensar" a las familias afines al régimen y por lo tanto debe considerarse un crimen de 'lesa humanidad'.

Para Anadir, que aglutina a unas 500 personas, aunque el germen está en el robo de hijos de republicanos muertos o encarcelados tras la guerra, esta práctica se convirtió en una trama puramente económica, cuyas víctimas no fueron solo republicanos, sino familias de bajo estrato social, que no tenían capacidad de investigar sus casos.

¿Qué se va a hacer?

Las asociaciones de afectados se han reunido ya con los ministros de Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Tras ello, se ha anunciado que el Gobierno creará un censo de posibles casos de bebés robados. Para ello se facilitarán a los afectados unas fichas para que las completen y se incorporen a un archivo, en el que se incluirán datos tales como la identidad, el domicilio, lugar y fecha de nacimiento.

En las fichas se dará el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto, para que se puedan cruzar con los que constan en el historial clínico o en otro documentos de los centros sanitarios. Justicia asumirá las medidas necesarias para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años.

También se creará una base de datos de ADN, dependiente del Instituto Nacional de Toxicología, para cotejar los perfiles genéticos de madres e hijos. En este registro se podrán incluir las pruebas que se hayan hecho los afectados en los laboratorios privados, previa homologación de los mismos por parte de este organismo.

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