María Luisa Torres, la mujer que acusa a la monja María Gómez Valbuena, conocida como sor María, de haberle quitado a la hija que tuvo en 1982, afirmó este martes que la religiosa le dijo que le iba a quitar al bebé "por adúltera" y que la amenazó con quedarse con otra de sus hijas si la denunciaba.

Así lo aseguró la que dice ser una de las víctimas del caso de los niños robados durante el Franquismo a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla, donde acudió para ratificar su denuncia contra la monja. "La voy a ratificar sin cambiar ni una coma", señaló la mujer, que acudió acompañada por su hija Pilar, con la que se reencontró hace medio año, y por sus otras dos hijas, Inés y Marina.

Pilar, que nació en la clínica Santa Cristina de Madrid y que es, por el momento, la única posible víctima del robo de bebés que ha conseguido reencontrarse con su madre, confió en que se haga justicia. "Si no lo paga aquí, que lo pague arriba", zanjó en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Una veintena de afectados por los robos de niños se concentraron este martes a las puertas de los juzgados para apoyar a la denunciante y reclamar que se investiguen todas las posibles sustracciones de bebés ocurridas entre las décadas de los años cuarenta y de los años noventa en toda España.

Hasta el momento, la Fiscalía de Madrid ha recibido más de 200 denuncias, de las cuales aproximadamente la mitad han sido archivadas por falta de pruebas. Las asociaciones de afectados reclaman, en cambio, una implicación a fondo del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial para aclarar las posibles desapariciones.

La denuncia de María Luisa Torres es la primera en la que la Fiscalía de Madrid se ha implicado activamente a fin de investigar a sor María. La religiosa trabajaba en las clínicas Santa Cristina y San Ramón de Madrid, a las órdenes del doctor Eduardo Vela.

Según el relato de María Luisa, cuando acudió a dar a luz en 1982 tras separarse de su marido, lo hizo pensando que sor María ayudaba a madres con problemas. En su lugar, y según su denuncia, esta le arrebató a su bebé por haber dejado su hogar y por abandonar a su cónyuge. La niña sería dada en adopción a otra familia. El caso ha recaído en el juzgado número 47 de Madrid, del que es responsable el juez Adolfo Carretero.

La religiosa, que ya fue llamada a declarar con anterioridad, se negó a hacerlo. Por su edad, 80 años, no irá a la cárcel, aunque una posible condena significaría un paso de gigante para los afectados, reunidos en colectivos como la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) o SOS Bebés Robados, entre otras.

En Madrid, concretamente en el cementerio de La Almudena, la Fiscalía realizó -el pasado 17 de febrero- la primera exhumación de restos de un bebé para comprobar, mediante la prueba de la coincidencia del ADN, si el pequeño fue robado a sus padres.

En total, y según reveló en noviembre de 2011 el entonces fiscal general de Estado, Cándido Conde Pumpido, la Fiscalía investiga alrededor de 1.000 casos de niños robados en territorio nacional. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió crear un programa para que los familiares de los niños robados durante el franquismo puedan someterse gratuitamente a pruebas de ADN. El Defensor del Pueblo apoyó la creación de una agencia nacional para aclarar este caso.

"Vamos despacio con la justicia pero espero que a partir de ahora se den pasos agigantados porque esto no es un caso aislado. Es hora de que se empiece a investigar", reclamó este martes María Luisa Torres. Su reencontrada hija Pilar, con la que se fundió en un abrazo al llegar al juzgado, manifestó que su deseo es que sor María y el resto de implicados en el caso acaben en la cárcel "porque ha hecho daño a muchas familias que están sin identidad".