Los cuatro últimos años del siglo XX (1996-2000), la política penitenciaria del Gobierno de José María Aznar fue claramente más favorable a los presos de ETA que la que venía aplicándose desde 1989. En ese periodo, ETA declaró una tregua de 13 meses (de septiembre de 1998 a noviembre de 1999), y el PP organizó una reunión con su cúpula, entre otras cosas.

El diario El País destaca hoy un informe detallado de las medidas penitenciarias que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, desarrolló en ese período, evidentemente favorables a ETA a pesar de que esta organización continuó con su actividad delictiva de secuestros y asesinatos.

Según dicho informe, en 1996 se produjo el acercamiento de 33 presos, a pesar de que Ortega Lara estaba secuestrado. Cuatro de ellos habían sido condenados por asesinato y sumaban penas de más de 150 años. Sólo unos meses antes del acercamiento, ETA había asesinado a Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Ramón Doral y Miguel Ángel Ayllón. Los jueces de vigilancia penitenciaria concedieron 13 terceros grados (sólo tenían obligación de acudir a la cárcel a dormir) a presos de ETA y el Gobierno del PP, a través de la Administración penitenciaria, permitió la libertad de otro preso más.

En 1997, ETA mató a 13 personas, entre ellas el concejal del PP Miguel Ángel Blanco. El Gobierno acercó a 26 presos etarras y concedió 7 terceros grados a otros tantos reclusos de ETA. Entre los beneficiados por los terceros grados se encontraban dos etarras presos por delitos de sangre que condenaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La Asociación de Víctimas del Terrorismo criticó la medida, pero no hubo manifestaciones. El PSOE apoyó al Gobierno.

En 1998, ETA mató a seis personas, entre ellas al concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y a su esposa. El Gobierno del PP acercó a 26 presos y concedió 4 terceros grados a otros tantos reclusos. Entre los acercamientos se encontraban los etarras más sanguinarios, como Domingo Troitiño, que participó en la matanza de Hipercor. Muchos de los trasladados tenían asesinatos a sus espaldas y cientos de años de condena.

El año de la tregua, 1999, el Gobierno del PP trasladó a 105 presos mientras se seguían produciendo actos de violencia terrorista callejera y favoreció el paso a tercer grado de otros 9 reclusos. El Ejecutivo basó esta política -una reactivación del proceso de paz, pese a que continuaba la extorsión a empresarios y la kale borroka- en una resolución parlamentaria aprobada unos meses antes donde se establecía la necesidad de una política penitenciaria flexible.

El primer y único contacto con ETA se desarrolló en la primavera de 1999. Aunque no se logró ningún avance, hay declaraciones del Gobierno popular donde aventuraba medidas penitenciarias favorables a los presos en agosto de 1999. Entre esas medidas, el Gobierno del PP anunció la posibilidad de conceder la libertad condicional a una decena de presos que habían cumplido las tres cuartas partes de la condena.