La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial quiso defender la buena imagen del sector, tras la segunda fase de la Operación Malaya, afirmando, a través de un comunicado, que desean que "los poderes públicos actúen con todo rigor para erradicar las prácticas de extorsión a las que, con demasiada frecuencia, se ha visto sometida la actividad empresarial, no sólo en Andalucía", según publica el diario El País .

El comunicado, en su punto cuarto, refleja la denuncia de las presuntas prácticas de extorsión que dicen sufrir los empresarios.

El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores, Ricardo Arranz, se refirió, además, al ex ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, cuando instó, en abril de 1991, a los empresarios de las grandes constructoras "a no pagar comisiones a ningún partido para obtener concesiones de obras", y a Pasqual Maragall, cuando acusó a CiU de cobrar comisiones a las empresas para adjudicarles trabajos.

Arranz matizó que "no se puede demonizar a todos los políticos, sino sólo a los corruptos", y afirmó que con ese punto cuarto se busca "abrir el debate sobre si de lo que se habla en los medios es un cohecho de los empresarios o una extorsión a la que les someten los corruptos".