El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha aprobado la inclusión de un precio público de 65 euros por la inscripción en el registro de parejas de hecho en Andalucía, lo cual servirá para cubrir los costes directos por la gestión. Con esta nueva medida se persigue luchar contra el fraude, ya que en el último semestre de 2011 se ha detectado un aumento "inusual" en este tipo inscripciones que ha llegado a duplicar las cifras de años anteriores, según han indicado.

La edil de Inmigración, María Luz Puentes, ha explicado que la determinación de un precio público a la prestación de este servicio comienza como "una necesidad de evitar la discriminación entre las parejas de hecho y los matrimonios civiles", dado que las bodas y presentaciones civiles conllevan unos costes que se sufragan de igual manera, "y las parejas de hecho deben hacer frente a estos también".

Además, ha asegurado, a través de un comunicado, que la ley exige a las administraciones públicas que fijen precios públicos por la realización de un servicio, de forma que, como mínimo, estos cubran el coste.

En cuanto al aumento "tan significativo" experimentado el pasado año, ha indicado que "no resulta casual", sino que "es parejo a la modificación por parte del anterior Gobierno socialista del Reglamento de Extranjería, Real Decreto 557/2011 que entró en vigor el pasado 1 de julio".

Según ha informado la edil, en dicha modificación se contempla el arraigo social al acreditar vínculo con familiares, parejas de hecho inscritas en las Comunidades Autónoma y la reagrupación familiar con la concreción de relación de afectividad análoga a la conyugal.

"Quizás consciente del grave problema de parejas de hecho fraudulentas que se expandía por nuestra Comunidad, la Junta de Andalucía, en un intento de parchear y acallar la magnitud del problema, nos remite para su inclusión en el procedimiento un cuestionario para realizar a todos los solicitantes de forma que se pueda garantizar la veracidad de dicha unión", ha apuntado.

En este sentido, ha criticado la mayor carga de trabajo que supone para los ayuntamientos, y "sin dotarnos de los medios necesarios para poder prestar este servicio", ha precisado, por lo que este nuevo canon servirá para cubrir los costes del servicio y para que no suponga "un gravamen" ni para el Ayuntamiento ni para el resto de ciudadanos que no lo soliciten, ha explicado.