El portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha considerado que la enmienda que el Grupo Socialista va a presentar a la ley sobre tributos cedidos para que las personas que cobren más de 80.000 euros anuales tributen más en concepto de tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRFP), afectará "a muchos dirigentes del PSOE en la región, que han amasado inmensas fortunas".

Esteban, preguntado por las enmiendas del PSOE a este texto, se ha preguntado si los socialistas "tienen mala conciencia o ganas de seguir haciendo fuegos artificiales" con esta propuesta, y ha señalado que lo que tiene el PSOE es "mucha demagogia" y desconocimiento.

Aunque ha esperado a analizar las enmiendas de la oposición "y ver si merecen ser tomadas en consideración", Esteban ha incidido en que el PSOE de esta región, en materia económica, ha demostrado una "capacidad de demagogia ilimitada e inagotable", porque cuando gobernaron no tomaron decisiones en este sentido.

A su entender, en materia de economía y fiscalidad "no saben absolutamente nada y aún quieren dar lecciones al resto". En cuanto a la enmienda que propone crear un impuesto a las entidades financieras sobre los depósitos bancarios, ha señalado que esto también lo oyó decir al PSOE cuando estaba en el gobierno "y no lo hicieron", preguntándose "a qué se debe este cambio de comportamiento".

Código penal

De otro lado, preguntado por la propuesta de modificación del Código Penal anunciada por el Gobierno central para castigar la gestión irresponsable del dinero público, Esteban ha reconocido que en Castilla-La Mancha "algunos han tenido mucha suerte con que la legislación actual les permitiera haber hecho lo que han hecho sin dar ningún tipo de explicación".

A su juicio, esta demanda también la amparan los ciudadanos, que "piden que los malos gobernantes paguen y devuelvan lo que han gastado de mala manera", y es algo que también se ha pedido desde el PP "muchas veces" en Castilla-La Mancha, "donde hay ejemplo de mal gobierno".

Por ello, ha considerado que una medida que garantice "transparencia y responsabilidad y que quien haya cometido algún desmán tenga la obligación de decirlo y pagar por ello, entronca con lo que es un clamor entre la opinión pública".