Más de 177.000 proveedores se beneficiarán del plan de pago de la deuda municipal

    Imagen de archivo de una delegación de Hacienda.
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    Más de 177.070 proveedores se beneficiarán del pago de las facturas que los municipios tienen pendientes con ellos, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Es el balance provisional del plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno, en el que se refleja que la mitad de los ayuntamientos de España se han acogido al programa de créditos para hacer frente a estas deudas.

    Son 4.622 las corporaciones locales que van a recurrir a la plan de pagos y que han presentado un total de 1.931.976 facturas pendientes de cobro por un importe de 9.584 millones. De los 177.070 proveedores, un 65% son pymes (63.543) y autónomos (50.259), según los datos de Hacienda.

    El Gobierno sostiene que se trata de una operación sin precedentes para inyectar liquidez a las empresas que, además, permitirá volver pronto a la senda de crecimiento y la creación de empleo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy pondrá a disposición una línea de crédito de 35.000 millones de euros de los que hasta 18.000 millones de euros se destinarán a las entidades locales y el resto a las autonomías. Los proveedores tienen que acudir a los ayuntamientos que les adeudan para que les informen si están incluidos en la relación de facturas enviadas por las entidades locales, que están obligadas a atenderles.

    Los proveedores que no consten en la lista podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual, que tendrá que expedirse en un máximo de 15 días. Si pasado este plazo no hay respuesta, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo.

    Los ayuntamientos tendrán que comunicar en los cinco primeros días de abril y mayo los certificados rechazados y no contestados. Es decir, en abril y mayo habrá dos revisiones a estos datos que son, de momento, provisionales, tal y como recuerda Hacienda.

    Esta medida se verá complementada con un cambio en la legislación para que los proveedores que contraten con la Administración sean los primeros que dejen de pagar el IVA hasta que hayan cobrado la factura.

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