La diputada regional del PP por Guadalajara Carolina Hernández ha valorado la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la Ley de Empleo Público promulgada por el anterior Gobierno de la región presidido por el socialista José María Barreda, subrayando que se trata de "la máxima sanción jurídica impuesta a un Gobierno del Partido Socialista por un acto administrativo".

A su juicio, el PSOE "ha despreciado a las instituciones de la región, también a sus servicios jurídicos y a los letrados de la Administración de Castilla-La Mancha, así como la normativa estatal de Empleo Público", ha informado el PP en nota de prensa.

La sentencia, según los 'populares', "reconoce la posible inconstitucionalidad de la Ley de Empleo Público promulgada por el Gobierno socialista y avala el procedimiento selectivo para la promoción interna de los empleados públicos, es decir, que los funcionarios sean nombrados por su profesionalidad y no por amiguismo como pretendía el Partido Socialista", afirma Carolina Hernández.

Hernández ha subrayado que el PSOE "cambió la norma a su antojo para cuadrar sus intereses particulares y partidistas de forma tan descarada que la propia sentencia lo recoge textualmente señalando que la ilegalidad cometida alcanza el rango de nulidad de pleno derecho del procedimiento administrativo común dada la grosería y la gravedad de las infracciones procedimentales producidas".

Esta sentencia nace del recurso contra la Ley de Empleo Público interpuesto por la Asociación de Letrados de la Administración de la Comunidad de Castilla-La Mancha contra el Consejo de Gobierno de la Junta gobernada entonces por el Partido Socialista. Este Consejo de Gobierno había presentado en diciembre de 2010 ante las Cortes de la región un texto del Proyecto de Ley de Empleo Público para su debate y votación "que habían cambiado respecto al informado por el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha y por el Consejo Consultivo".

En una parte de la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha se subraya según el PP que el texto "había sufrido modificaciones con alteraciones que no tenían como objetivo adaptarlo a las recomendaciones del Consejo Consultivo". "Es más, en realidad las modificaciones lo que hacían era extender a nuevos supuestos una regulación que justamente el Consejo Consultivo había desautorizado por ser posiblemente inconstitucional"

La diputada regional ha explicado que según la sentencia "resulta innegable que a cualquier observador jurídico debe producirle una sensación de perpleja desazón observar cómo despliega sus efectos en el mundo jurídico una ley en cuyo proceso de elaboración en la fase de Proyecto se despreciaron de forma tan flagrante las reglas legales de obligada aplicación".