Carrefour
Logotipo de Carrefour. ARCHIVO

La Justicia francesa ha condenado al grupo de distribución Carrefour a pagar 20 millones de euros por publicidad engañosa, venta a pérdidas y comisiones recibidas de sus proveedores.

Carrefour ofreció servicios de cooperación comercial ficticios, por los que recibía remuneraciones de sus proveedores por elegir un buen emplazamiento para los productos de estosEl Tribunal de Apelación de París, en un dictamen difundido por la edición digital de la revista de distribución LSA, confirmó este mes de febrero la sentencia pronunciada en junio de 2007 por la Corte Correccional de Evry y tomó en consideración además el perjuicio provocado a los proveedores de la firma.

En esa primera sentencia, Evry le impuso una multa de dos millones de euros por hacer publicidad de productos que no estaban en cantidad suficiente en los establecimientos a la vista de la campaña que se hacía de ellos.

Con el nuevo dictamen, se obliga a Carrefour a pagar esa cantidad y a devolver al Tesoro Público 18,3 millones de euros, que serán reembolsados a sus proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.

A Carrefour se le reprocha, según esa información, haber recibido remuneraciones por servicios de cooperación comercial ficticios, mediante los cuales los distribuidores le ofrecían precios reducidos a cambio de beneficios como un buen emplazamiento de sus productos en las tiendas o catálogos.

El Tribunal de Apelación estimó que teniendo en cuenta el peso del grupo, las 16 empresas afectadas no pudieron compensar esas sumas en sus tarifas, por lo que fueron sus márgenes los que se vieron reducidos.

El grupo hizo saber que va a recurrir todos los puntos de la sentencia y destacó que "las prestaciones negociadas eran reales y correspondían a servicios efectivamente prestados", además de precisar que las remuneraciones recibidas se elevaron a 2,4 millones de euros y no a esos casi 18 millones.

Carrefour añadió que los acuerdos eran conformes al principio de la libertad de precios y fueron fruto de una negociación libre entre las partes, y dejó constancia de que esos proveedores no fueron quienes cuestionaron la realidad de esos pactos, examinados por la Dirección General del Consumo, la Competencia y la Represión del Fraude.