Audiencia Nacional.
El magistrado Fernando Grande Marlaska atiende a los medios. Juanjo Guillén / EFE

Fernando Grande-Marlaska, nuevo presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, nacido en Bilbao en julio de 1962, ha tenido un papel destacado en la lucha contra ETA como juez de instrucción: procesó a Arnaldo Otegi, envió a prisión a la cúpula de Segi y también instruyó el 'chivatazo' a ETA.

Su combate judicial contra la banda terrorista le ha costado ser objetivo de ETA que planeó atentar contra el juez mientras descansaba en Ezcaray (La Rioja), atentado que finalmente no se llevó a cabo porque el magistrado cambió de planes. Grande Marlaska, hasta ahora titular del juzgado de instrucción número tres de la Audiencia Nacional desde enero de 2007, ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo su primer destino el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Santoña (Cantabria).

ETA planeó atentar contra el juez mientras descansaba en EzcarayPosteriormente, pasó a diferentes juzgados de primera instancia de Bilbao, hasta que en 1999 entró a formar parte de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia. En abril de 2003 dio el salto a Madrid, donde pasó a ser titular del juzgado de instrucción número 36 de Plaza de Castilla. Apenas un año después, en mayo de 2004, llegó a la Audiencia Nacional para sustituir en comisión de servicio al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, suspendido cautelarmente.

En marzo de 2005, sustituyó al juez Baltasar Garzón en el juzgado número 5, cuando éste se marchó con una licencia de estudios para impartir clases en Nueva York (EEUU). Fue a partir de entonces cuando se incrementó su popularidad mediática debido a la repercusión de las causas que llegaban a sus manos.

Tras la incorporación del juez Garzón, el 1 de julio de 2006, el CGPJ le concedió una comisión de servicio en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, y el 23 de enero de 2007 fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia, puesto que ha ocupado hasta ahora. Sustituyó al frente de este juzgado a Teresa Palacios, quien pasó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Numerosas causas contra ETA

Desde su puesto en la Audiencia, Marlaska ha instruido numerosas causas contra ETA y su entorno. En enero de 2005 dictó auto de prisión contra el etarra José Ignacio de Juana Chaos por pertenencia a banda armada y amenazas terroristas, a raíz de dos cartas publicadas en el diario Gara, decisión que impidió su excarcelación.

Ese mismo año, procesó al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por integración en ETA en grado de dirigente, dentro del sumario en el que se investigó la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas". En junio de 2006, ordenó asimismo la detención de los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, acusados de pagar a ETA el llamado impuesto revolucionario. Ya en noviembre de 2009, envió a prisión a 31 supuestos miembros de Segi, organización ilegalizada a quien el juez consideró una "auténtica academia terrorista".

Ordenó la intervención policial por supuesta estafa de Forum FilatélicoTambién investigó el "chivatazo", que en 2006 alertó a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión en el bar "Faisán" de Irún y ordenó la reapertura de la causa sobre el paradero del empresario Publio Cordón, presuntamente enterrado en el sur de Francia.

El accidente del Yak-42

Marlaska ha instruido además la causa por el accidente del avión Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles y ordenó la intervención policial por supuesta estafa de Forum Filatélico.

Este mismo miércoles, recibió las críticas de algunos de sus nuevos compañeros de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en la sentencia que ha absuelto al que se consideraba presunto responsable de informática de ETA, Iraitz Guesalaga, y cuya instrucción estuvo a cargo del magistrado.

El fallo, considera que las pruebas usadas en contra de Gueselaga eran insuficientes y se obtuvieron de un modo que "no se ajusta a los parámetros de legalidad". Además, critica que Grande-Marlaska solicitara "sin más explicaciones" la intervención del teléfono de la novia del acusado y prorrogara durante varias meses las escuchas sin que hubiera habido "ningún avance en la investigación, ni justificación alguna" sobre su necesidad.