El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha archivado este lunes la causa abierta al juez Baltasar Garzón por el patrocinio de cinco empresas españolas a los cursos que dio la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006 al estimar que el delito de cohecho impropio que le imputaba está prescrito.

Así lo han confirmado fuentes del alto tribunal, que han señalado que la resolución se iba a notificar a partir de las 12.30 horas a las partes personadas en la causa: la Fiscalía, la defensa de Garzón y los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, autores de la querella que dio origen al procedimiento.

Marchena, que el pasado 27 de enero inculpó a Garzón al considerar acreditados los indicios de que cometió un delito de cohecho impropio, ha acogido el criterio expuesto por el fiscal en un escrito presentado la pasada semana en el que se invoca la prescripción como causa eximente de la responsabilidad penal.

La decisión, de contenido frontalmente opuesto a lo defendido hasta este momento por el instructor del caso, que hasta hoy no había considerado la posibilidad de la prescripción, se da a conocer tan solo unos días después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya inhabilitado a Garzón por 11 años por prevaricar al intervenir las conversaciones de los imputados en "Gürtel" con sus letrados en prisión.

La acusación popular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, solicitan penas de hasta cinco años de prisión y 30 de inhabilitación al considerar que Garzón desarrolló una actividad "delictiva" al reclamar a cinco empresas españolas (el Banco Santander, Endesa, Telefónica, BBVA y Cepsa) que patrocinaran los cursos que dirigó en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.

El abogado de Garzón, condenado el pasado viernes a 11 años de inhabilitación por acordar escuchas ilegales a los imputados del caso Gürtel, también había alegado que el supuesto delito estaría prescrito ya que el último patrocinio fue recibido por el centro educativo el 17 de mayo de 2006 y la querella admitió hasta el 28 de enero de 2010, pasados ya los tres años que la ley fija como plazo de prescripción.

Garzón tiene pendiente en el TS otra sentencia por investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Esta causa quedó el miércoles vista para sentencia. El juez se enfrenta a una pena de 20 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Es lo que ha pedido la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. El fiscal y la defensa han solicitado que se le absuelva.