El lehendakari, Patxi López, ha anunciado que los servicios jurídicos del Gobierno vasco están elaborando un informe para determinar si la negativa a compartir información fiscal de la Diputación de Bizkaia con el Ejecutivo puede "incumplir" la Ley de Armonización.

López ha realizado este anuncio en el transcurso del pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco, en respuesta a una pregunta de UPyD sobre los planes del Gobierno respecto a un plan conjunto de la lucha contra el fraude.

Este problema, según ha vuelto a recordar este viernes el lehendakari, hace que las haciendas vascas dejen de recaudar alrededor de 2.500 millones de euros al año, lo que supone "un porcentaje de fraude superior" a la de otros países.

La elaboración de un programa de estas características ha enfrentando en varias ocasiones al Ejecutivo y a la Diputación de Bizkaia. El Gobierno considera necesario que las haciendas forales compartan sus bases de datos fiscales con el Ejecutivo en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), en el que están representadas las tres diputaciones y la Administración autonómica.

Por el contrario, la Diputación de Bizkaia defiende que esta información es una competencia foral y no es partidaria de que el Gobierno vasco tenga acceso a ella. López ha asegurado este viernes que esta "negativa" pone "en cuestión la propia legalidad", en concreto la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal.

Ley de armonización

El artículo 13 de esta norma, titulado 'Planes Conjuntos de Inspección', establece que "las Diputaciones Forales ejecutarán planes de inspección conjunta sobre sectores, colectivos y empresas, especialmente sobre aquellos que operen en mas de un territorio histórico".

El texto legal añade que "la elaboración de los planes de inspección, así como su seguimiento, se efectuará en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria creado en la presente Ley". Para ello, indica que "a estos efectos las Diputaciones Forales establecerán los mecanismos oportunos, incluidos los informáticos, para que la información de los contribuyentes este a disposición del Órgano de Coordinación Tributaria".

El lehendakari, ha aludido a dicho artículo para advertir de que "no es de recibo decir, como ha hecho algún responsable foral, que no piensa compartir esa información, cuando la ley dice claramente que hay que compartirla".

Por ese motivo, ha anunciado que el Gobierno vasco ha encargado a sus servicios jurídicos que elaboren un informe para analizar si no compartir la información fiscal entre diputaciones y Ejecutivo puede suponer un "incumplimiento" de este artículo de la ley. IBARRETXE

López ha recordado que en 1989, cuando Juan José Ibarretxe era viceconsejero de Hacienda del Gobierno vasco, presentó una propuesta de reforma del IRPF -tributo cuyo diseño es una competencia foral— para que fuera gestionada por las Juntas Generales de los tres territorios, a pesar de lo que ninguna diputación "se quejó".

Asimismo, ha reiterado su apuesta por efectuar una reforma fiscal que, además de reforzar la lucha contra el fraude e impedir las "trampas" para eludir el pago de impuestos, garantice que "paguen más quienes más tienen". "Quien se niega a afrontar este asunto de forma coordinada deberá explicar a qué y a quién defiende", ha advertido.

Por otra parte, se ha referido a la caída de la recaudación registrada el pasado año, cercana a los 1.000 millones de euros respecto a la cifra de ingresos presupuestada por las administraciones vascas. Según ha explicado, el Gobierno debe hacer frente a los 700 millones de desfase que le corresponden haciendo "ajustes" en servicios básicos como la sanidad o la educación. DIPUTACIONES

Por el contrario, ha indicado que las diputaciones, para compensar los 300 millones de euros de desfase entre lo recaudado y lo presupuestado, pueden recurrir a la supresión, por ejemplo, de determinados "ramales" de infraestructuras.

Aunque ha expresado su "respeto" hacia las competencias de las instituciones forales, ha asegurado que "no es muy comparable" el ámbito de competencias de unas y otras instituciones.