La comisión de Legal de Sol, formada a raíz del movimiento 15-M, ha presentado un escrito en el registro de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer un llamamiento a esta institución para que "respete, de una manera real y efectiva, el derecho de todos los ciudadanos a su participación en la actividad política".

De esta manera, le piden respeto para este derecho "sin inmiscuirse ilegítimamente en sus formas de organización, ni pretender imponer la censura previa de sus reuniones" después de que la nueva delegada de Gobierno, Cristina Cifuentes, solicitase al movimiento que informe en la Delegación de sus reuniones para poder garantizar su seguridad.

La comisión, que, como informó 20minutos.es, ya declaró que no iba a hacer ninguna notificación previa, cree que la Delegación hace una "interpretación excesivamente restrictiva del derecho de reunión, exigiendo un requisito administrativo omitido durante meses". Insiste, además, en que todas sus convocatorias son públicas y que son "ampliamente comunicadas a la ciudadanía".

La exigencia de comunicación supondría, a su juicio, contravenir el mandato del artículo 9 de la Constitución: "Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Durante la asamblea general celebrada el domingo 22 de enero la Policía Nacional procedió a identificar a varios de los participantes, advirtiendo que, en caso de no avisar a las autoridades del próximo encuentro, podrían ser sancionados con multas administrativas de hasta 30.000 euros. Para la comisión de Legal, estas multas "por participar en una asamblea en la que se debaten los problemas que actualmente más afectan a la ciudadanía" aumentaría "aún más la brecha entre la ciudadanía y la clase política".