Parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año desde que en Madrid se podía fumar en bares y otros establecimientos cerrados. La Ley antitabaco, que entró en vigor el 1 de enero de 2011, ha dejado un saldo de 155 multas en la región (6,5 millones de habitantes), según la Consejería de Sanidad. Una cifra muy pequeña si se compara con otras comunidades con menor población, como Castilla y León (2,5 millones), que en el mismo tiempo ha impuesto 172 sanciones.

"La razón estriba en la escasa voluntad de Aguirre por hacer que se cumpla la ley. Madrid es la región que peor controla a los locales y la que menos inspectores destina", asegura Raquel Fernández, presidenta de la asociación Nofumadores.org.

Y es que la Comunidad, con toda su población, solo cuenta con 17 inspectores para hacer cumplir esta ley, los cuales además han de enfrentarse a otras tareas, como controlar el botellón. "La cifra no ha variado desde 2006 (año en el que se introdujo la primera Ley Antitabaco, mucho más permisiva que la de 2011), pero hay que tener en cuenta que el volumen de trabajo se ha reducido mucho desde la fecha", asegura un portavoz de la Agencia Antidroga.

Así, Madrid cuenta con 0,2 inspectores por cada 100.000 habitantes. La tasa de Castilla y León (23 inspectores) es de 0,92; la de Cataluña (300 inspectores para 7,5 millones de habitantes), de 4, y la de Andalucía (915 inspectores para 8,5 millones) alcanza la cifra de 10,76 controladores por cada 100.000 ciudadanos.

Y es que la lucha de Esperanza Aguirre contra la Ley antitabaco viene desde muy lejos. Ya en 2006, la Comunidad y el Gobierno tuvieron un conflicto, que incluso llegó a los tribunales, por el intento del Ejecutivo regional de que se permitiera fumar en ciertos sitios reservados, como en las terrazas de los despachos o en los bares de los lugares de trabajo.

La Comunidad perdió y, en 2010, días antes de que entrara en vigor la nueva norma, Aguirre pareció dar su brazo a torcer al asegurar que se cumpliría "estrictamente" con la ley. Aunque no parece haber sido ese el caso. "Existen situaciones flagrantes, como Torres de Alameda, un pequeño municipio donde se permite fumar en la mitad de sus bares. Se han enviado denuncias y aún no se han resuelto", asegura Raquel Fernández.

La ley estipula una multa de hasta 30 euros para el fumador que se salte la norma y leve (600 euros), grave (10.000) o muy grave (600.000) para las empresas que la incumplan. No informar de que en el local no se puede fumar es una infracción leve, aunque si se subsana al cabo de unos días, la administración no la cobra.

Grave es dejar fumar. Publicitar tabaco se considera como muy grave. En todo 2011, en total, en la región se han recaudado 274.958 euros con este tipo de sanciones.

Por su parte, Noche Madrid, la asociación de empresarios del ocio nocturno de la comunidad, calcula pérdidas para el sector de entre un 15% y un 20% por la prohibición de fumar en sus negocios. "Además, ha incrementado problemas como el ruido exterior y la venta clandestina de alcohol en la calle".

Por eso reclama un tratamiento especial para la noche dentro de la Ley antitabaco, ya que la protección de menores, uno de los puntos fundamentales de la norma, "está garantizada", puesto que la entrada a menores de 18 años está vetada en los bares de copas.

FACUA-Consumidores en Acción fue una de las organizaciones que más apoyó la Ley antitabaco. Nada más entrar en vigor, la asociación inició una campaña de denuncias para que los ciudadanos pusieran en su conocimiento las vulneraciones a la ley a través de la web facua.org/leydeltabaco.

En total, se trasladaron 1.498 quejas a las comunidades autónomas. Madrid es la que ha acumulado más denuncias (314), por delante de Andalucía (279) y Cataluña (227).