El Ayuntamiento de Madrid no tiene reparos en emplear la mano dura para multar a los coches mal aparcados, a los conductores que sobrepasan la velocidad permitida, a los bares que incumplen la licencia o a los jóvenes que grafitean las paredes. Sin embargo, hace la vista gorda cuando se trata de sancionar a los dueños de perros que dejan las cacas sin recoger: en los últimos cinco años (desde 2007), el Consistorio solo ha iniciado ocho expedientes sancionadores por dejar excrementos caninos en la vía pública, según datos del área municipal de Medio Ambiente.

Y no es por falta de cacas en las calles: en 2011 se dejaron sin recoger en la capital "2,1 deposiciones por cada 1.000 metros cuadrados de acera" (unas 45.300 heces), según cálculos de la Dirección General de Gestión Ambiental Urbana.

El Ayuntamiento anunció en 2008 el inicio de una ‘cruzada’ contra las deposiciones caninas. Una de las principales medidas intentaba disuadir a los dueños incívicos mediante el endurecimiento de las sanciones económicas. La Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos establece que "incumplir la obligación de recogida inmediata de las deyecciones de perros" será considerado como infracción grave. En esta categoría, las multas van de 751 a 1.500 euros, en función de la "reiteración" y del "perjuicio causado".

Sin embargo, casi tres años después de modificar la ordenanza, su efecto ha sido prácticamente nulo. "La falta de multas es un reflejo de la inoperancia del Ayuntamiento. La plaga de cacas es la gran queja de todos los barrios, es increíble que el número de sanciones sea tan bajo", apunta el responsable de Medio Ambiente de la Federación de Vecinos (Fravm), Francisco Caño.

"Esa pasividad policial provoca conflictos entre vecinos. Al final le toca al ciudadano actuar de gendarme y llamar la atención al dueño negligente", añade Caño. Para el concejal de UPyD Jaime de Berenguer, la escasez de multas "es peligrosa porque genera una sensación de impunidad entre los infractores y, además, se da mala fama a los dueños de perros que sí limpian, que en realidad son la mayoría».

La Policía Municipal reconoce que la ordenanza de limpieza urbana es difícil de cumplir a rajatabla. «Para que fuera efectiva habría que poner a un agente detrás de cada vecino, porque es muy raro pillar al dueño de un perro in fraganti; evidentemente, los infractores se esconden", explican fuentes de la Policía. Además, la amonestación a los incívicos no está entre las prioridades de los agentes: "Tenemos órdenes de que lo primero es perseguir los delitos y, después, atender los accidentes y controlar el tráfico. La ordenanza de limpieza queda en último lugar".

El Ayuntamiento sostiene ahora que la lucha contra las cacas va más allá de una política sancionadora. Sus líneas son "la concienciación de los ciudadanos con campañas informativas" y "facilitar los medios a los vecinos", como las papeleras con bolsas para excrementos, según defiende la directora de Gestión Ambiental Urbana, Fátima Núñez.

El Ayuntamiento está satisfecho con los "avances" contra las defecaciones caninas. En su opinión, los vecinos son "más cívicos", ya que en 2011 se han gastado 87,2 millones de bolsas para recoger cacas (un 43% más). Y ello, a pesar de que a principios de año los antiguos sanecanes se quedaron sin bolsas. En 2011 hubo en las calles un 22% menos de excrementos.

Las obligaciones de los dueños de mascostas se recogen en el art. 21 de la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y de Gestión de Residuos: