La ONG jesuíta Pueblos Unidos ha denunciado que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid "los ánimos se calman a golpes" y se produce un "maltrato generalizado" de las personas que son retenidas en espera de expulsión.

Así lo recoge el informe 'Miradas tras las rejas' presentado este martes por el coordinador de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza y la responsable de asuntos jurídicos en la entidad, Cristina Manzanedo.

El informe es fruto de las 1.049 visitas que 16 voluntarios han realizado a 248 internos a lo largo del año, destapando hasta 173 casos de especial vulnerabilidad, como tener hijos menores de edad en España, estar embarazada, haber solicitado asilo o ser una potencial víctima de tráfico de personas.

Según el mismo, los allí retenidos se encuentran en muchos casos en situación de vulnerabildad tal que, atendiendo a un criterio jurídico de proporcionalidad, deberían esperar la sanción en sus domicilios y no sometidos a un "régimen peor que el carcelario".

En 'Miradas tras las rejas', la organización denuncia un ingreso indiscriminado y una duración excesiva del internamiento. En total, el 60% de las personas visitadas llevaba más de 40 días en el CIE, pero sólo la mitad fueron expulsados.

Según el trabajo, la ONG tiene cerca de 15 casos judicializados, diez de ellos por la vía penal relativas tanto a la "gestión colectiva de los castigos" en el CIE como a "lesiones" y "torturas" dentro de sus puertas o durante la deportación en el aeropuerto de Barajas, desde donde los inmigrantes son devueltos a sus países de origen.

Cristina Manzanedo ha explicado que a la hora de embarcar a una persona en un avión hay "una línea gris" para medir la "fuerza proporcional necesaria", pero también "hay líneas negras, como la violencia gratuita, las fracturas de huesos, los hematomas muy fuertes y visibles, los restos de sangre en la ropa" y demás indicadores que revelan "un uso desproporcionado" de la autoridad policial.

En menor medida han presentado denuncias por agresiones dentro del CIE a cargo de los funcionarios, aunque han documentado casos como el de una persona trasladada a un rincón sin cámaras y forzada mediante malos tratos hasta ceder su huella dactilar.

Manzanedo ha apuntado que la mayoría de estas denuncias acaban en sobreseimiento por falta de mecanismos para aclarar si los hechos de produjeron o no.

Además, ha indicado que hay "múltiples obstáculos que impiden investigaciones eficaces" sobre las agresiones como la existencia de "puntos ciegos" sin cámaras de seguridad tanto en el CIE como en Barajas, la "imposibilidad de identificar al policía denunciado" porque, en muchos casos, no llevan visible su identificación ni facilitan a demanda el número de placa; y por la "pasividad del Ministerio Fiscal y de algunos juzgados de instrucción".

En cuanto a los castigos generalizados, Pueblos Unidos detalla que ante un conflicto con un interno, todos pagan las consecuencias. Sobre este asunto se ha pronunciado Marius Tonan, que, tras más de un mes retenido en el CIE de Aluche, ha asegurado que estos castigos van desde impedir la salida de todos al patio a restringir el acceso de Cruz Roja al centro.

Manzanedo ha añadido que se recurre con "demasiada frecuencia" a los cuerpos antidisturbios y que en el CIE "los ánimos se calman a golpes".

"Muchos policías se relacionan con los internos de superioridad, represión y recurriendo frecuentemente a golpes y amenazas que quedan impunes", añade el informe, que recoge varios testimonios de internos que denuncian haber sufrido estas situaciones. En este sentido, Manzanedo ha apuntado que las quejas por racismo "son innumerables" y relata insultos y amenazas proferidos por policías.

Con todo, el "maltrato generalizado" que denuncia Pueblos Unidos no se refiere sólo a las agresiones físicas, sino a toda una forma de gestionar el CIE que, según la entidad, trata a los internos "como animales" y restringe "muy fuertemente" todos sus derechos.

En este sentido, señalan restricciones a la libertad de movimientos dentro del centro, donde los internos tienen menos movilidad que los reos en las cárceles españolas; deficiencias en la atención médica, como que el facultativo disponible "no actúa de oficio" ni facilita partes de lesiones; restricciones severas de las comunicaciones con el exterior y las visitas; falta de información; limitaciones a su derecho de defensa y también a la interposición de quejas.

Asimismo, el informe refiere situaciones "vejatorias" como la falta de retretes. Los internos duermen en módulos con celdas que comparten 8 personas y que no disponen de baño, por lo que deben pedir permiso a la policía para acudir, también por la noche. "Trato vejatorio es tener que orinar por la noche en un bote de plástico, vomitarte encima, orinar encaramándote a un lavabo, porque llamas por el interfono a la policía y no acude", ha añadido Manzanedo.

Pueblos Unidos exige al nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy que ponga fin a estas situaciones, primero, elaborando y aprobando el reglamento de regulación de los CIE que debió estar listo hace ya dos años y, después, procediendo al cierre de los centros, ya que consideran que no se puede "aplicar una política conculcando derechos fundamentales".

Ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil han querido hacer declaraciones sobre este informe. Ambos organismos han negado en el pasado la existencia de maltratos en los CIE o que la Policía Nacional ponga en marcha redadas en las que se identifica solo a ciudadanos extranjeros para 'cazar' a 'sinpapeles' y que han sido documentadas por diferentes colectivos y trasladadas al Defensor del Pueblo.