El primer ministro de Italia, Mario Monti, afronta una decisiva semana con varias huelgas convocadas por los principales sindicatos contra su plan de ajuste y en la que el Tesoro italiano pretende subastar un máximo de 10.000 millones de euros en bonos a 1 y 5 años.

La apretada agenda que Monti mantiene desde que llegara al poder hace menos de un mes vuelve a dar un giro de tuerca en los próximos días.

El primer ministro espera que el martes llegue al pleno de la Cámara de los Diputados (baja) su plan de austeridad de 30.000 millones de euros aprobado en Consejo de Ministros hace una semana.

El Ejecutivo pretende que el Parlamento ratifique esas primeras reformas económicas antes de Navidad, una ardua tarea a tenor de las más de 1.300 enmiendas presentadas en la Cámara Baja, por lo que la hipótesis que cobra más fuerza en las últimas horas es la de que Monti blinde el texto con una cuestión de confianza, mecanismo que permite saltarse el debate de enmiendas.

Las comisiones de la Cámara Baja encargadas del plan han estado trabajando todo el fin de semana sobre las enmiendas, en contacto con el ministro de las Relaciones con el Parlamento, Piero Giarda, para acordar los cambios que se aplicarán al texto.

De esos cambios está pendiente tanto la clase política como los sindicatos, quienes esperan reformas más "equitativas", a lo que podría contribuir que se congelaran solo las pensiones a partir de los 1.400 euros mensuales (frente al mínimo previsto de 960 euros), o una reducción del impuesto de bienes inmuebles sobre la primera vivienda dependiendo de los integrantes del núcleo familiar.

Para hablar de esos posibles cambios, que obligarían a Monti a tener que sacar 5.000 millones de euros de otras partidas, el primer ministro ha convocado esta noche para un "encuentro informal" en Roma a los sindicatos, a quienes intentará convencer de que cancelen el paro de 3 horas convocado para este lunes contra su plan de ajuste.

La líder del sindicato mayoritario CGIL, Susanna Camusso, ha asegurado que la revocación de la huelga, en la que por primera vez en 6 años participan juntas las principales asociaciones de trabajadores, es muy difícil y que para ello Monti tendría que darles "respuestas" a sus exigencias.

La semana de huelgas empieza este lunes con el paro general de las 3 últimas horas de cada turno de trabajo, que será de 8 horas en el caso de los trabajadores de la metalurgia, llamados a la huelga contra el plan de ajuste, pero también contra la decisión del gigante del motor Fiat de anular todos sus convenios en las plantas de Italia a partir de enero.

Además, el colectivo de tipógrafos ha llamado a la huelga durante toda la jornada, lo que pone en riesgo que los periódicos salgan a la venta el martes, mientras que el jueves y el viernes le toca el turno a los transportes públicos, en su habitual cita de cada mes con los paros laborales para reivindicar mejores condiciones.

El viernes los trabajadores de la banca también están llamados a la huelga y el lunes día 19 los funcionarios, dos colectivos que han tenido que retrasar sus paros laborales debido al mayor tiempo de aviso previo que tienen que dar.

El Tesoro italiano subastará además este lunes 7.000 millones de euros en bonos BOT a 12 meses en una nueva jornada sin comisiones por el llamado BTP day, mientras que el miércoles hará lo propio con títulos BTP a 5 años por valor de entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

Los presidentes de las cámaras Alta y Baja de Italia, Renato Schifani y Gianfranco Fini, respectivamente, aseguraron este domingo que los parlamentarios italianos rebajarán sus sueldos en el plazo "más breve posible".

Mediante un comunicado conjunto, ambos presidentes salieron al paso del revuelo generado en Italia por la negativa de los parlamentarios a aceptar que el Gobierno de Mario Monti les imponga sus nuevos salarios si la comisión que trabaja sobre el asunto no lo hace antes de que termine el año.

"El Parlamento es plenamente consciente de la exigencia de efectuar actos ejemplares y, por tanto, de adecuar los salarios de sus miembros a los estándares europeos, según lo que ya se ha votado en el pleno en los últimos meses", aseguraron.

Por ello, Fini y Schifani han pedido a la comisión parlamentaria que ha de adoptar el nuevo sistema de salarios "que concluya en el plazo más breve posible sus trabajos para poder proceder inmediatamente a las consiguientes determinaciones a través de las oficinas de Presidencia".

En el plan de ajuste de 30.000 millones de euros aprobado por el Gobierno tecnócrata hace ahora una semana, Monti se reservaba la potestad de actuar de "urgencia" si la comisión dispuesta por el exprimer ministro Silvio Berlusconi en verano no establecía el recorte de salarios para diputados y senadores antes del 31 de diciembre.

Esto provocó una rebelión dentro de los parlamentarios, que indicaron que ese punto del plan de ajuste de Monti sería modificado porque es el Parlamento el único que tiene la potestad de establecer sus salarios y quienes no terminan de aceptar la revisión de acuerdo a la media de sus colegas europeos, pues prefieren el sistema de retribución del Parlamento Europeo (PE).

Los medios de comunicación especulan con la posibilidad de que esa rebaja en los salarios de los diputados y senadores italianos no llegue antes del próximo mes de marzo, es decir, tres meses más tarde de lo que pretendía Monti.