El Consejo de Ministros del Gobierno italiano presidido por Mario Monti aprobó este domingo el primer ajuste presupuestario del Ejecutivo de tecnócratas y que este lunes será explicado en el Parlamento de Italia.

La aprobación del paquete de medidas económicas y financieras, encaminado a ahorrar 30.000 millones de euros, estaba prevista para este lunes, pero se decidió adelantar el Consejo de Ministros después de que Monti presentara el plan a sindicatos, empresarios, agentes sociales y partidos políticos.

Monti explicó que su Gobierno tiene "un mandato de corta duración" y "el firme compromiso de ayudar a Italia a salir de una crisis gravísima, de una crisis internacional y de un malestar de la economía y de la sociedad italiana que pone en riesgo de destruir lo construido por cuatro generaciones de italianos".

Afirmó que "la gran deuda pública italiana no es culpa de los europeos, es culpa de los italianos que en el pasado no han dado importancia al futuro de los niños del país".

Sostuvo que "también hemos tenido que distribuir sacrificios y hemos tenido cuidado al distribuirlos. Veréis que nuestras medidas son sobre todo incisivas en cuanto a evasión fiscal".

Añadió que la reforma laboral será abordada las próximas semanas: "aun no hemos mirado al mercado de trabajo, pero será un paso definitivo" para dar mayor peso a los méritos y la competencia y lograr una mayor apertura.

En cuanto a los costes de la política y de los aparatos de gobierno, precisó, "hemos adoptado un criterio de transparencia a nivel de la mejor práctica internacional y hemos decidido inspirar nuestras declaraciones patrimoniales en el principio de no declarar solo lo que se nos pide actualmente a los cargos públicos, sino declarar por entero nuestro patrimonio".

Monti afirmó que renuncia a la compensación retributiva como primer ministro y titular de Economía, pero mantiene los ingresos como senador.

Asimismo, se refirió a la modificación de las provincias y aseguró que serán suprimidas las juntas provinciales y que los consejos provinciales tendrán solo 10 miembros.

El primer ministro, quien quiere que el decreto se llame Salva-Italia, anunció que apoyará la propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras en las instituciones europeas, un punto sobre el que Italia había tenido hasta ahora una posición contraria.

Afirmó que habrá "sacrificios", pero también acciones en apoyo de las empresas y liberalización en interés de los consumidores y la competencia, al tiempo que la lucha contra la evasión fiscal será prioridad del Gobierno y se excluye la opción de recurrir a amnistías.

Por su parte, la ministra italiana de Trabajo, Elsa Fornero, abordó uno de los temas más conflictivos, la modificación del sistema de pensiones, con el aumento de 42 años para los hombres y 41 para los mujeres del mínimo de años cotizados para poder percibir la pensión "anticipada" sin recurrir al sistema de cuotas.

En el sector privado, la jubilación será para las mujeres a partir de los 62 años y para los hombres a los 66 años en 2012, con una penalización del 3% anual para quienes se retiren antes, mientras que la equiparación total de edades será de 66 años en 2018, añadió.

Después de que la ministra concluyera emocionada su intervención, Monti señaló que el plan contempla congelar las pensiones superiores a los 960 euros mensuales y mantiene la revisión de las jubilaciones mínimas en función de la inflación.

Los principales sindicatos italianos han asegurado que el nuevo plan de ajuste del Ejecutivo de Mario Monti es "socialmente insoportable".

La secretaria general de la Confederación General de Trabajadores italianos (CGIL), Susanna Camusso, ha destacado que el Gobierno está intentando "sacar beneficio a costa de los pobres del país" y ha destacado que en el plan "no hay equidad", al mismo tiempo que ha acusado a Monti de comportarse como el Ejecutivo anterior, liderado por Silvio Berlusconi. "Es la hora de impulsar iniciativas comunes con los demás sindicatos" ha precisado..

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, ha asegurado que el paquete de ajuste aprobado por el gobierno italiano ofrece "una muy necesaria señal de un nuevo enfoque en política económica", pero advirtió de que Roma deberá afrontar más reformas próximamente.

Rehn subrayó el esfuerzo de consolidación fiscal, "para recuperar la credibilidad de la economía y el control de su deuda". Destacó además que las medidas para aumentar la recaudación fiscal se compensarán parcialmente con incentivos fiscales para apoyar a las empresas y el empleo y celebró los compromisos para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

"En el área de las pensiones, algunas medidas largamente esperadas están siendo introducidas con el fin de reducir el gasto de las pensiones mientras refuerzan la justicia del sistema y aumentan la participación de la fuerza de trabajo", señaló.