El diputado del PPdeG Miguel Santalices ha reiterado que la Xunta "salvaguarda" la asistencia sanitaria a las personas desempleadas y sin recursos, así como la asistencia "integral y plena" a todos los niños y mujeres embarazadas a través del denominado 'Código 29' —que regula la orden de Sanidade del 5 de septiembre— y ha defendido que la asistencia "programada" se ciña "a quien corresponde, pero sin picaresca" entre duras críticas de la oposición.

"Asistencia sanitaria para todos, pero primero nosotros y después los suecos", ha reivindicado el popular en el debate de una iniciativa socialista que dio continuidad al iniciado en la sesión de control de esta mañana. Mientras, Modesto Pose (PSdeG), ha acusado a la Xunta de tomar decisiones que "perjudican a los más necesitados", y la nacionalista Ana Luisa Bouza ha alertado de que, pese a defender lo contrario, "excluye" a parte de la población de la asistencia sanitaria.

Frente al argumento esgrimido por Santalices de que hay que evitar la "picaresca", Pose ha replicado que la sanidad se financia en España "vía impuestos", extremo que, a su entender, tumba "argumentos machacones" acerca de que "un inmigrante se está aprovechando de prestaciones que nosotros pagamos". "Eso es una falsedad porque un inmigrante por comer pan o galletas ya contribuye, con los impuestos, a financiar la sanidad", ha remarcado.

Dicho esto, ha subrayado que la ley otorga el derecho a la sanidad pública "como ciudadano" y que nadie "puede cuestionar si trabaja o si está casado" ni otras cuestiones relativas a su situación, al tiempo que se ha preguntado quiénes son "los nuestros" para el PP, y ha sugerido que no son "los pobres ni los del código 29". "Nunca se ocupan del despilfarro de los poderosos", ha remarcado Pose, mientras que Ana Luisa Bouza ha insistido en que la nueva norma de Sanidade es "excluyente" para determinados colectivos.

Tras un debate intenso, finalmente no hubo acuerdo y la mayoría del PPdeG ha rechazado la propuesta del PSdeG en la que instaba a la Xunta a "no poner trabas" para ejercer el derecho a la asistencia sanitaria de los ciudadanos y "facilitar" la tarjeta sanitaria del Servizo Galego de Saúde "sin más requisitos que el de residir en un municipio de Galicia", que sí fue apoyada por el BNG, pero no salió adelante.

Medida "garantista"

A modo de argumento, Santalices ha recalcado que Galicia se "adelanta" con la orden que habilita el 'Código 29', pidiendo "como únicos requisitos" el empadronamiento y no estar cubierto por otro régimen, a la "frialdad" del Instituto Nacional de la Seguridad (INSS). "Valoro que la consellería actúe de oficio activando las tarjetas sanitarias que el INSS declaró en sus bases sin derecho a asistencia", ha subrayado.

En su intervención, ha remarcado que Galicia no hace "ningún cambio" legislativo y ha explicado que la acción actual del Gobierno gallego en materia sanitaria ha conseguido convertir a Galicia en la primera comunidad española en adaptar sus trámites a la situación económica actual, al tiempo que ha recordado que la crisis ha motivado que "muchos trabajadores, con entradas intermitentes en el mercado laboral, tengan que estar tramitando constantemente el derecho a la asistencia sanitaria".

"Para evitar ese desfase nace el Código 29, la orden de la Xunta es garantista, corrige el INSS y evita trámites innecesarios", ha esgrimido Santalices, quien ha recordado que "más de 1.000 personas" han solicitado ya acogerse a este nuevo código de asistencia sanitaria.

Recortes "más graves" que ciU

Muy crítico con las "burocratadas" del Gobierno gallego, el socialista Modesto Pose ha ironizado con que si el Gobierno gallego "no tiene intención" realmente de "perjudicar" a los más necesitados "lo disimula muy bien" con su polémica orden y ha insistido en que la sanidad se financia vía tributos, por lo que ha rechazado la aplicación de cualquier forma de "copago, repago o postpago".

Por su parte, la nacionalista Ana Luisa Bouza ha alertado de que los "recortes" que la Xunta "está metiendo" por la "puerta de atrás" son "más graves" que los aplicados por CiU en Cataluña porque están dirigidos a los territorios que "más requieren del apoyo de la Xunta" y a los "más necesidades". Además, ha apuntado que "al menos CiU tiene el valor de plantear los recortes a la cara".