El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, ha rechazado este martes la "condicionalidad macroeconómica" propuesta por la Comisión Europea para que los Estados miembros reciban fondos de cohesión a partir de 2014 con el arranque de las nuevas perspectivas financieras porque considera que es "excesiva" y "no es equitativa".

"No nos parece que sea equitativa, desvincula al fondo de cohesión de sus objetivos reales y lo conecta más bien con la capacidad de control de la Comisión de esos fondos", ha criticado el secretario de Estado durante el debate que este martes han mantenido los Veintisiete sobre el próximo presupuesto europeo para el periodo 2014-2020, especialmente sobre las partidas dedicadas a cohesión y a la Política Agrícola Común (PAC).

La Comisión Europea propuso en octubre congelar las ayudas regionales a los países expedientados por déficit excesivo que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir la situación a partir de 2014 con el objetivo de prevenir futuras crisis de deuda. La medida afectaría especialmente a España, el segundo país que más se beneficia de los fondos estructurales, por detrás de Polonia y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya expresó el año pasado su oposición a esta idea, que empezó a circular tras el primer rescate de Grecia.

López Garrido ha criticado durante el debate que esta condicionalidad macroeconómica obedece más a "objetivos de coordinación de políticas macroeconómicas" en los distintos Estados miembros y "no debe insertarse como un elemento central en la política de cohesión", cuyos "objetivos" para España "deben ser claramente la recuperación económica y la creación de empleo".

El secretario de Estado ha insistido en la importancia de "facilitar lo más posible el uso de los fondos por los Estados miembros" en un momento de "restricciones fiscales" en los Veintisiete y ha defendido que "el elemento clave debe ser el concepto de absorción". "Los fondos tienen que ser absorbidos por los Estados miembros y quitar todos los obstáculos y dificultades administrativas de procedimiento", ha recalcado.

López Garrido ha defendido que Andalucía, Castilla-La-Mancha y Galicia, que "con toda seguridad" dejarán de ser a partir de 2014 regiones de convergencia "necesitan una gradualidad" en la reducción de las ayudas. "Por eso consideramos que deberían mantener al menos dos tercios" de las ayudas actuales, ha recalcado.

España, junto con Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría han creado un frente común para defender que la política regional mantenga en el futuro el objetivo de "reducir las disparidades regionales", que su "eficacia" se mida "por su contribución al crecimiento y empleo" y que se mantenga "el mismo nivel de financiación que en el periodo actual" o de lo contrario "aumentarán las disparidades entre regiones existentes", ha advertido el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Janoz Martonyi, que ha presentado la posición común de los 13.

Asimismo, el húngaro ha defendido que los recursos de la cohesión "deben centrarse en las regiones menos desarrolladas", ayudas para regiones en transición que comenzarán a recibir menos fondos y ha reclamado "más simplificación" en las ayudas y "más flexibilidad" para los Estados miembros "los que mejor conocen sus propias necesidades" para utilizar los fondos. "Cualquier mecanismo de condicionalidad debe ser justa y equilibrada", ha zanjado el húngaro.

Por su parte, López Garrido también ha considerado "excesivo" la idea de Bruselas de condicionar el 30% de las ayudas directas a los agricultores a partir de 2014 a detemrinados esfuerzos medioambientales, como el barbecho ecológico o la rotación de cultivos, ha defendido la necesidad de crear un fondo de reservas para crisis en el sector pesquero, como ya existe en el caso de la agricultura, y ha pedido mantener la tasa de de cofinanciación actual para los proyectos energéticos, de transportes y comunicaciones.