La Justicia española necesita con urgencia desatascarse y modernizarse. Es la principal conclusión que se extrae de los programas electorales de los principales partidos que concurren el próximo 20-N. El tercer aspecto que la mayoría han tenido en cuenta es la independencia, que debe reforzarse y que tiene en su punto de mira al Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular recoge una de las medidas más polémicas: recuperar la pena de prisión permanente revisable.

Tanto IU como CIU piden la desaparición de la Audiencia Nacional. La formación de Cayo Lara, además, incluye una referencia a la persecución y clarificación de los crímenes el franquismo. PP y PSOE, por su parte, insisten en que la Administración debe someterse a un proceso de tecnologización que permita, por ejemplo, que el ciudadano pueda consultar por vía telemática su expediente judicial. La renovación de vocales del CGPJ y de jueces del TC también aparece en muchos de los programas como aspectos susceptibles de reforma, así como el papel del Fiscal General que, según IU, debe ser elegido por las Cortes.

Las medidas más llamativas de UPyD pasan por una modificación del Código Penal "para inhabilitar o suspender" a los cargos públicos y políticos que incumplan deliberadamente las resoluciones judiciales firmes; y también, por la inclusión de un nuevo "delito de administración desleal". PNV y CiU, por su parte, apuestan porque los Tribunales Superiores de Justicia de sus comunidades sean la última instancia en todos los procesos. Además, los nacionalistas vascos creen que habría que derogar la legislación antiterrorista.

- El PSOE apuesta por las TIC. El partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba pone el foco en la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en juzgados y tribunales. Se asegurarán, dicen, de que estén "interconectados por vía telemática" en 2020; los ciudadanos podrían consultar por esta misma vía su expediente judicial. Por otro lado, los socialistas se proponen aplicar la reciente reforma del Registro Civil para agilizar trámites y terminar el despliegue de la nueva oficina judicial (NOJ). Cada titular de juzgado o tribunal tendrá una "lista de espera de asuntos", pública, que tendrá que reducir obligatoriamente.

Además, el PSOE pretende reformar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal (con ayudas y especialización) y revisarán su sistema de promoción. Se inclina también porque la instrucción penal la realice el Ministerio Fiscal y creará, si gana, la figura del "investigado", añadida a las del imputado y el acusado. Quieren impulsar, por último, un acuerdo "para restaurar el respeto de los plazos" en la renovación de los órganos constitucionales y se decantan por reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la administración de justicia al Estado autonómico.

- La pena perpetua "revisable", medida estrella del PP. Los populares han incluido en su programa una medida tan polémica como llamativa: quieren reformar el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la "pena de prisión permanente revisable" y una nueva regulación de la multirreincidencia, entre otras cosas. También apuestan por la modernización e informatización de la Justicia -para que sea "accesible y transparente"- y por la agilización, incorporando los juicios rápidos al ámbito civil, simplificando los procedimientos y revisando los recursos y las costas procesales. Promoverán también, si llegan al poder, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y una reforma del jurado al estilo mixto europeo; y aprobarán un "estatuto de la víctima".

El partido de Mariano Rajoy también quiere sacar adelante una nueva ley de responsabilidad del menor. Por último, promoverá una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ y de los magistrados del TC para que "que se eviten dilaciones indebidas". Para garantizar aún más la independencia de este Tribunal, promoverán una reforma de los requisitos para ser elegido magistrado que, además, desligue su composición de los partidos. Y  reservarán "para casos excepcionales" la emisión de sentencias que incorporen declaraciones de interpretación conforme a la Constitución; dichas declaraciones deberán tener "mayoría cualificada". Proponen restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad "en la tramitación de reformas de los Estatutos de Autonomía".

- IU pide la desapacición de la Audiencia Nacional. "La AN y los tribunales militares deberían desaparecer", dice el programa electoral que Cayo Lara presenta a las elecciones. El grupo incluye también una referencia a la persecución y clarificación de los crímenes el franquismo. Izquierda Unida también promoverá una Administración "transparente, ágil y de calidad" y subraya la importancia del acceso y el disfrute de la justicia "gratuita".

Asimismo, cree necesaria una reforma del sistema de elección del TC, CGPJ y del Fiscal General (proponen que dependa de las Cortes); a este último, según el programa -y coincidiendo con el PSOE-, se le debería atribuir la "instrucción en el proceso penal". En cuanto al CGPJ, IU optará por regular el régimen de incompatibilidades de sus vocales. Por último, apuestan porque se incremente el número de jueces y por regular el acceso a la judicatura.

- Para CiU, el TSJC debe ser la última instancia de los procesos. Sin perjuicio, eso sí, de la competencia reservada al Supremo para la unificación de doctrina. En una de las medidas que el partido de Duran i Lleida contempla en relación al "desarrollo y respeto" al Estatut. Así, creen que el Consejo de Justicia de Cataluña debe ser quien asuma las funciones de gobierno del Poder Judicial en la comunidad y que la Generalitat debería ejercer la competencia en materia de medios personales y materiales. La lengua catalana también tiene su apartado: los ciudadanos deberán poder "dirigirse a los órganos con jurisdicción en todo el Estado en su lengua oficial", explica el programa. Asimismo, CiU anuncia que reclamará la retirada de todos los recursos de inconstitucionalidad formulados contra leyes aprobadas por el Parlament.

En cuanto a la reforma de la Justicia, CiU pretende eliminar "disfunciones" y agilizar los trámites con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y favoreciendo los procesos de arbitraje. Los convergentes quieren asegurar la doble instancia penal. Además, quieren eliminar la Audiencia Nacional y fortalecer "el régimen jurídico del secreto de las actuaciones judiciales". Otra de sus apuestas es implementar nuevos juicios penales exprés e impulsar penas alternativas (trabajos en beneficio de la comunidad, mediación y reparación a la víctima). Garantizarán, dicen, la implantación de los juzgados mercantiles en Cataluña.

- El PNV aboga por la derogación de la legislación antiterrorista. Y también de la "imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo", ya que esto se desvía "de la doctrina de la Asamblea General de la ONU y del Estatuto de la Corte Penal Internacional”. El programa de los nacionalistas también anuncia que trabajarán por la eliminación y persecución de los malos tratos y torturas en centros de detención. Se manifiestan contra la pena de muerte y reclaman las transferencias en materia penitenciaria. Igual que CiU, creen que el Consejo de Justicia de Euskadi debe ejercer el gobierno del poder judicial y el TSJPV debe ser la última instancia judicial. Proponen que la Ertzaintza sea, a todos los efectos, la polícía judicial de la comunidad.

- Competencias exclusivas para el Estado, según UPYD. El partido de Rosa Díez cree que esto implicaría "homogeneidad, coordinación y reducción del gasto". Se inclinan, asimismo, por suprimir los juzgados especializados en violencia de género. La modificación del Código Penal "para inhabilitar o suspender" a los cargos públicos y políticos que incumplan resoluciones judiciales firmes o que inciten a su incumplimiento es otra de sus medidas estrella. UPyD promoverá el uso de un lenguaje más claro y sencillo en el ámbito judicial y terminará con las "reformas efímeras de leyes".

La mediación y el arbitraje también están entre sus propuestas, así como el incremento de multas en actuaciones judiciales "realizadas con mala fe" o impliquen un uso indebido de recursos. La formación cree imprescindible, por otra parte, derogar la reforma de la Ley del Poder Judicial que permite a jueces y fiscales con cargo público volver a la carrera judicial sin perder la antigüedad. Penalizarían, además, el negacionismo de cualquier genocidio o crimen terrorista.