La futura ley gallega del consumidor incorpora un régimen sancionador "propio" y podrá impedir que empresas que cometan "infracciones graves" en la materia que se legisla opten a subvenciones durante un período de cuatro años o, incluso, que puedan contratar con administraciones públicas, en función de la relevancia del comportamiento irregular detectado.

Lo ha avanzado el conselleiro de Economía, Javier Guerra, que acompañó al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que ha dado luz verde a esta normativa. Preguntado por la conducta infractora que podría conllevar este tipo de sanciones, el responsable económico ha precisado que dependerá "de la cuantía, de la reiteración o de no hacer caso de la mediación", entre otros extremos.

"Lo que queremos es que las empresas entiendan que tienen que cumplir", ha defendido Guerra, satisfecho por el impulso de una ley que "actualiza" la legislación en materia de consumo y que, según ha destacado Feijóo, estipula un "riguroso régimen de derechos" para consumidores y usuarios, apostando por la mediación y el arbitraje para frenar "el colapso judicial".