Blanco ha señalado en las Corts que el 'modus operandi' del Duque de Palma "ha sido el mismo con el Gobierno balear que con la Generalitat valenciana". Así, ha mantenido que "en ambos casos ha cobrado millones de euros por la celebración de unas jornadas sobre el deporte y el juez de Palma entiende que los gastos no habían sido efectivamente realizados, sino que eran comisiones que ingresaban directamente a su bolsillo y al de su círculo personal más propio".

Por eso, el parlamentario autonómico ha señalado que su partido va a recabar toda la información del Consell sobre su vinculación con esta Fundación y ponerla a disposición de Fiscalía para que "vea si hay un indicio".

Ignacio Blanco ha explicado que se trata de dos subvenciones sobre la organización de las jornadas 'Valencia Summit', "que se hicieron en 2005 y 2006, que costaron 1,2 millones de euros cada una y que, supuestamente, están financiadas por la Generalitat valenciana y por el Ayuntamiento de Valencia".

Además, ha señalado que también hubo una subvención nominativa que "estaba prevista que fuera de tres millones de euros, pero que al parecer se pagaron 382.000 euros para la organización de unos juegos europeos que nunca se llegaron a celebrar".

A su juicio, se trata de "un proyecto similar al de Calatrava, aunque con un importe mucho menor", ya que pone de manifiesto "la contratación por algo que es hipotético y que jamás se verifica". En este sentido, considera que la Fiscalía "también puede tener motivos para actuar e investigar".

En esta misma línea, ha instado a que, si el caso es el mismo que el de Baleares, "se ponga también a disposición de la Justicia la actuación tanto del instituto Nóos como de la administración pública que la ha contratado o subvencionado, que en este caso sería la Generalitat valenciana".

Torres de calatrava

Respecto al pago de 15 millones de euros al arquitecto valenciano Santiago Calatrava por el proyecto de las torres, ha lamentado que se pagaran para llevar a cabo un proyecto "del que ya se conocía su inviabilidad".

"Inviabilidad por razones legales, referente a los terrenos; inviabilidad por las servidumbres aéreas, e inviabilidad también porque no hay circunstancias en el mercado para poder ejecutar este proyecto", ha resaltado.

Además, el diputado de EUPV considera que se trata de un proyecto "impropio de una administración pública", que debe centrarse en "construir equipamientos públicos, colegios, museos, auditorios, pero en ningun caso pisos de lujo como pretendía la Generalitat".

Para Ignacio Blanco, con estos 15 millones de euros "se podían haber pagado muchas ayudas a la dependencia y se podían haber solucionado muchos problemas reales que tenemos los valencianos".

Por ello, están estudiando la posibilidad de llevar a los tribunales tanto el auto de la Fiscalía de Valencia sobre las torres de Calatrava, como el auto de la Fiscalía de Castellón que archivó la denuncia sobre el Centro de Convenciones, por el que se cobraron 2,7 millones de euros. En total, "unos 18 millones de euros por proyectos fantasma, que no se han realizado nunca", ha denunciado.

El portavoz parlamentario considera que aunque la Fiscalía entienda que no hay hechos delictivos, "lo que sí que hay son hechos políticamente escandalosos, reprobables, indignantes y que no deberían consentirse en una sociedad democrática, y más —ha añadido— en un momento de crisis en el que se están haciendo recortes a los derechos de los trabajadores y a los servicios públicos". En su opinión, "las responsabilidades políticas son indudables y las vamos a exigir".