El ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz Rada, indicó que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será la encargada de designar a las autoridades que defenderán los intereses de los bolivianos en el marco de la nueva composición accionarial de Andina (la filial de Repsol YPF), Chaco y Transredes, tras la nacionalización de los hidrocarburos decretada el pasado 1 de mayo.

Acuerdo satisfactorio

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, deseó ayer que las negociaciones abiertas entre los gobiernos español y boliviano -tras la decisión del presidente de este último, Evo Morales, de nacionalizar los hidrocarburos- permitan llegar "a un acuerdo satisfactorio" tanto para el Ejecutivo del país suramericano como para las empresas españolas.

De la Vega, tras reunirse en Santiago de Compostela con el titular de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, ha destacado que "la apertura de negociaciones es en sí misma una buena noticia porque confirma que la línea de actuación del Gobierno es la correcta".

En este sentido, recordó que el Ejecutivo español lo primero que hizo después de conocer esta decisión de Evo Morales fue "reunirse con las empresas" y después enviar una delegación a Bolivia encabezada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León.

"Bolivia ofrece garantías"

León encabeza la misión oficial española que llegó el viernes a La Paz para conversar con el presidente boliviano sobre las consecuencias de la nacionalización y que el sábado llegó a Brasilia (Brasil) para dialogar con el Gobierno de 'Lula'.

León dijo que las autoridades bolivianas han asumido el compromiso de ofrecer garantías y seguridad jurídica a un proceso que se va a desarrollar "al más alto nivel".

El alto funcionario español reiteró que España desea agotar la vía diplomática para alcanzar un pleno acuerdo con Bolivia en este tema y subrayó que existe "muy buena sintonía entre los dos gobiernos".

"Respetamos la decisión que se ha tomado" y que ya se había anunciado en la campaña electoral de finales del año pasado, cuando Morales era aún candidato del Movimiento Al Socialismo, agregó.

Según las apreciaciones de Bernardino León, el proceso de discusión establecido con el mandatario boliviano coincidirá con el plazo de 180 días que fijó el decreto presidencial del lunes pasado para que las petroleras se adapten a las nuevas reglas de juego.

A una consulta de si el gobierno aconsejará a Repsol YPF, respondió que "la decisión de quedarse corresponde a las propias empresas" aunque la esperanza de Madrid "es que la empresa se quede y que siga trabajando por y para Bolivia".

La comisión viajará próximamente a Brasil.

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