El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, encargado de las investigaciones del caso Palma Arena, continuará al frente de esta compleja causa de presunta corrupción al no tener por admitido el escrito de recusación que presentó la defensa del ex presidente del Govern, Jaume Matas, por no haber sido presentado en los términos previstos por la Ley, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

De esta forma, el juez no tendrá por el momento que apartarse del procedimiento y podrá seguir encargándose de las pesquisas debido a que el escrito de recusación que presentó el abogado de Matas, Antonio Alberca, no iba acompañado del poder especial que el ex jefe del Ejecutivo autonómico debe conferir a su letrado a fin de que éste pueda recusar a Castro, conforme lo establece el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Una resolución que, según las mismas fuentes, fue notificada mediante providencia y contra la que no se ha presentado recurso alguno hasta el momento. Así las cosas, el abogado tendría que volver a plantear la recusación si desea que el actual instructor del caso Palma Arena se aparte de la causa, tras lo cual deberá darse traslado a las demás partes del proceso para que se pronuncien sobre la recusación propuesta.

El letrado propuso la recusación a través de un escrito en el que apuntaba a la "manifiesta parcialidad" de Castro en relación con Matas a la hora de instruir el caso, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.

Es por ello que los investigadores apuntan a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007).

La investigación sobre el patrimonio de Matas fue iniciada por los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach tras detectar posibles irregularidades en la compra de su 'palacete', por la que el ex dirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados, estaba tasado en 2,4 millones. Según el Ministerio Público, el ex ministro pudo incurrir por este hecho en un delito de cohecho impropio y la rebaja en el precio habría supuesto "una dádiva o regalo en especie".