Libicki recordó que la Comisión abrió el pasado 4 de abril un expendiente contra España por no haber realizado una evaluación de impacto ambiental de las obras de la M-30, pero dijo que este proceso "podría llevar mucho tiempo", entre uno y dos años.Por ello ha defendido que no se debe esperar a su conclusión para enviar la delegación parlamentaria a Madrid -algo que

Los coordinadores de todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular Europeo, respaldaron que la delegación vaya a Madrid en junio, según Libicki.

Este proceso que sigue el Parlamento Europeo (que tiene el poder legislativo, y está formado por los diputados elegidos en la elecciones europeas) es independiente -aunque complementario- del emprendido por la Comisión Europea (órgano que detenta el poder ejecutivo en la UE, compuesto por los Gobiernos de los países miembros), que ha sido la que ha abierto el expediente a España.

No juzgarán la obra

El objetivo de la misión que viajará a Madrid no será "emitir un veredicto", porque sus competencias son muy limitadas, sino "mostrar a los peticionarios que el Parlamento se interesa por su situación". "Se trata de vivir en nuestras carnes lo que pasa y cotejarlo con lo que dice la Comisión", señaló.

Explicó que otros expedientes se han "paralizado" cuando el Ejecutivo comunitario lanza un expediente, y si no se hace ahora lo mismo significará que al Parlamento "le importa un bledo" lo que diga Bruselas. Por ello acusó a la comisión de Peticiones de actuar "con doble rasero" en este caso.

Respuesta paralela

Le respondió el parlamentario del grupo de Los Verdes, David Hammerstein, que dijo que las misiones de la Eurocámara "de ninguna manera pueden entenderse como interferencias en el trabajo de la Comisión", sino que se trata de una respuesta a los peticionarios "paralela y complementaria" al trabajo de Bruselas.

Los parlamentarios ejercen además una labor de "mediación" entre los ciudadanos y las instituciones.

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