El Ejecutivo de la Unión Europea remitirá una carta de emplazamiento (con la que se inicia el proceso por infracción) a España en la que le pide "explicaciones o acciones" en relación a dichas obras, de las que indica que no se realizó previamente un estudio de su impacto ambiental global.
Según la portavoz comunitaria de Medio Ambiente, Barbara Helfferich, las autoridades madrileñas han fraccionado las obras en 19 pequeños proyectos en lugar de preparar un estudio de impacto conjunto.
El ayuntamiento de Madrid no estaba obligado a contar con un estudio de impacto ambiental para la reforma porque la M-30 está considerada como una calle de la capital y, por lo tanto, es zona urbana. Si fuera autovía, sí que debería llevarla.
El principal proyecto de Gallardón como alcalde de Madrid podría quedar así en entredicho, puesto que la decisión de la UE no implica la paralización de las obras.
Lo que sí que podría ser rechazado es el crédito de 1.500 millones que el Consistorio había pedido al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para sufragar el soterramiento, ya que estos fondos están sujetos al respeto de la legislación de la UE.
La decisión de este banco no depende de la Comisión Europea, aunque es habitual que el BEI se dirija a este organismo para obtener su beneplácito cada vez que ha de conceder o rechazar un crédito.
Fuentes del consistorio han declarado que, a pesar de la decisión europea, no se van a detener los trabajos de remodelación de la autovía, iniciados tras la elección de Ruiz-Gallardón como alcalde, porque "cumplen con la legalidad".
El Gobierno pedirá explicaciones
La Comisión abre de esta manera, a través de una carta de emplazamiento, un proceso por infracción contra el Gobierno de España, que tendrá que pedir explicaciones al Ayuntamiento de Madrid (responsable de las obras) y a la Comunidad (a quien están transferidas las competencias ambientales) por permitir estos trabajos sin asegurar que no dañan el medio ambiente.
Una vez reciba la carta de la Comisión Europea, las autoridades "tendrán dos meses para responder", recordó Helfferich, quien afirmó que "si no hay acciones o explicaciones" al respecto en ese plazo "enviaremos una segunda carta".
Esa segunda carta, o dictamen motivado, es el paso previo a la denuncia del caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.
Una obra sin impacto ambiental
Gallardón logró eludir la declaración de impacto ambiental -necesaria para una reforma de tal envergadura- al cambiar el carácter de la vía de circunvalación en 2004.
La M-30 dejó de ser una autovía para convertirse en calle gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento, presidido en esa época por Francisco Álvarez Cascos. Entonces, el Consistorio creó la empresa Madrid Calle 30, que gestiona las obras de remodelación en esta vía madrileña.
El acuerdo al que llegaron ambas entidades incluía el cambio de titularidad de la M-30, que pasó a ser propiedad municipal, y del tipo de vía, lo que posibilitaba que no fuera necesaria una declaración de impacto ambiental para la consecución de cualquier obra en su kilometraje.
El estudio, "indispensable" para la UE
Ahora, la UE ha dicho que la evaluación ambiental era "indispensable" a la hora de iniciar unas obras de este calado.
IU consiguió en enero que una comisión del Parlamento Europeo se comprometiera a decidir in situ si la M-30 era una obra legal, o realmente necesitaba una declaración de impacto ambiental.
Bruselas indicó más tarde, en febrero, que se pronunciaría sobre la necesidad de esta declaración a finales de marzo o primeros de abril, cosa que finalmente ha hecho.
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