La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ha iniciado este jueves la tramitación de una normativa urbanística provisional para el Ayuntamiento de Ourense, que "evite la incerteza" provocada por la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2003.

Lo ha explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, al término del Consello de la Xunta, que dio en esta jornada el primer paso en este objetivo, con el acuerdo de inicio del expediente de suspensión parcial del PGOM de 1986, que entró en vigor las la anulación del documento correspondiente a 2003. "Actuamos con rapidez para evitar una situación de vacío y colapso", se ha congratulado el presidente.

Este acuerdo implica la suspensión automática de los procedimientos de otorgamiento de licencias "en un total de 30 ámbitos" hasta la entrada en vigor de la ordenación provisional para los mismos, que deberá ser aprobada por el Consello de la Xunta. La anulación parcial del PGOM fue solicitada por el Ayuntamiento mediante un acuerdo plenario adoptado en marzo.

Feijóo ha destacado que esta normativa provisional permitirá "ordenar y regularizar" 30 ámbitos de actuación, de los que en "aproximadamente en la mitad" concurre un especial interés general, por su carácter dotacional público o por su inclusión en un plan estratégico municipal. La "mayor parte" afectan, ha asegurado, a actuaciones públicas actualmente en marcha como un juzgado, un centro de salud, infraestructuras viales, el plan estratégico termal o el matadero municipal.

Asimismo, esta norma también será "válida" para el amparo legal de una serie de ámbitos, de los cuales, después de analizar el grado de desarrollo urbanístico alcanzado hasta la anulación del PGOM en marzo de 2011, se comprobó que tienen la aprobación definitiva de los instrumentos de equidistribución. Así, no deben encontrar "inconveniente" en la posibilidad de proseguir los procesos urbanizadores y edificatorios correspondientes.

Por último, con esta medida se mantendrá la "vigencia", a modo de ordenación provisional, del documento regulador del catálogo de edificios a proteger, elaborado en el año 2003, lo que también fue solicitado por el propio Ayuntamiento de Ourense.

15

Días para alegar

La Xunta sostiene que, con esta medida, garantiza una solución que "jurídicamente" permita "dar continuidad" al desarrollo de la ciudad a favor del interés general, hasta la aprobación definitiva del nuevo PGOM que está redactando el Ayuntamiento de Ourense "desde enero de 2009" y para el que la Administración gallega aporta "más de 500.000 euros".

En su intervención, Núñez Feijóo ha asegurado que la propuesta de la Xunta será remitida "de inmediato" al Ayuntamiento, que contará con un plazo de 15 días para presentar alegaciones.