El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes el Decreto mediante el cual se suprimen los órganos de defensa de la competencia de Castilla-La Mancha, dependientes de la Consejería de Economía y Hacienda, en virtud de la necesidad de conseguir "un mayor nivel de austeridad y eficiencia".

El Decreto, según recoge Europa Press, está firmado por la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y el consejero de Hacienda, Diego Valle, y mediante el mismo se suprime la Comisión Regional de la Competencia, el Consejo Regional de la Competencia, la Presidencia de este y el Servicio de Investigación integrados en ella.

Acordado en la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana, el Decreto indica que "en el contexto actual de crisis económica, la Comunidad de Castilla-La Mancha tiene como prioridad el ahorro en gastos corrientes y personal, siempre que se mantenga el servicio que se presta a los ciudadanos".

Justifica que, dentro de la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda se ha establecido "una considerable reducción de sus órganos directivos para conseguir una administración con un mayor nivel de austeridad y eficiencia, optimizando la calidad de los servicios públicos que se prestan".

Por ello, continúa el Decreto, "como quiera que la defensa de la competencia queda plenamente garantizada a través de la Comisión Nacional de la Competencia, se estima que con esta medida los ciudadanos mantienen garantizados sus derechos y la Administración Regional se racionaliza y simplifica para que suponga un menor coste su funcionamiento".

La supresión de este órgano de defensa de la competencia —que se aprobó a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno— entrará en vigor este sábado, un día después de su publicación.

Según publica el DOCM, el Decreto, que deroga el anterior de junio de 2008, de creación de los órganos de defensa de la competencia de Castilla-La Mancha, también faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones requiera el desarrollo y ejecución del mismo.