La Junta de Castilla y León recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia Nacional favorable al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, en julio de 2013, tal y como ha decidido el Gobierno central. La decisión también será recurrida por Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear, participada al 50% por Endesa e Iberdrola.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo castellanoleonés, José Antonio de Santiago-Juárez, ha recordado que ha habido un voto particular contrario a la decisión del Gobierno de cerrar la central que "apoyaba la tesis" de la Junta de Castilla y León de mantenimiento de las instalaciones hasta 2019. La Junta de Castilla y León tiene de plazo hasta setiembre para presentar el recurso a la decisión del Gobierno de cerrar la central en julio de 2013, en una decisión que De Santiago-Juárez ha atribuido "al capricho político" de su presidente, José Luis Rodríguez-Zapatero.

La Audiencia Nacional ha confirmado este jueves la decisión del Gobierno de prorrogar la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, hasta el 6 de julio de 2013, así como su cierre definitivo en esa fecha.

Los magistrados han concluido que para prorrogar la explotación de una central ya existente no es necesario una evaluación de impacto ambiental, ya que estiman que no se trata de construir una nueva, y rechazan una "desviación de poder" por parte de Industria porque consideran lícito que para decidir sobre la renovación "puede pesar una determinada opción de política energética del Gobierno basada en el fomento de las energías renovables".

El fallo judicial tampoco ha sido recibido con agrado en la localidad burgalesa de Valle de Tobalina, cuyo alcalde, Rafael Mediavilla, ha pedido al Gobierno que busque una solución a una "injusticia total" ya que el cierre de la central de Santa María de Garoña supondrá la pérdida directa de unos 600 trabajadores.

La decisión de la Audiencia Nacional ha sido aplaudida por las organizaciones medioambientales Greenpeace y Ecologistas en Acción, y la sindical CGT. Al tiempo que celebran la decisión judicial, las tres organizaciones piden al Gobierno y al ministro de Industria el establecimiento de un calendario de cierre del resto del parque nuclear español, integrado por otras siete plantas.

La sentencia, agregan las organizaciones en un comunicado conjunto, otorga potestad al Gobierno para proceder al cierre de las centrales nucleares cuando expira su autorización de explotación, ya que bastaría con no renovarla. Por ello solicitan que no se renueve el permiso de explotación de la central de Ascó I (Tarragona), que expira el día 1 de octubre.