La ONG SOS Racismo ha llevado a cabo una acción de prueba en 11 conocidos locales de ocio de Barcelona y ha comprobado que siete de ellos niegan la entrada a personas con aspecto de ser inmigrantes.

SOS Racismo ha informado este miércoles que realizó la acción durante la noche del pasado viernes 17, con dieciséis personas inmigrantes, vestidas correctamente, que intentaron acceder a los once locales seleccionados, ante testigos independientes que pudieron escuchar las excusas que les pusieron en siete de ellos para negarles el acceso. La acción, que también se ha llevado a cabo en otros seis países europeos, ha concluido que uno de cada tres locales de ocio nocturno no aceptan a inmigrantes ni a gitanos y que se ejerce una discriminación por el color de piel, el origen o la nacionalidad.

En Barcelona, los once locales estaban situados en Ciutat Vella y el Port Vell y la mayoría tenían empleados de origen extranjero, incluso algunos porteros de raza negra. Según SOS Racismo, las excusas más utilizadas durante la acción fue la necesidad de haberse apuntado previamente a una lista por Internet o tener que pagar una entrada de 10 euros para acceder a locales que son gratuitos.

Los dieciséis jóvenes que se sometieron a la prueba eran de origen paquistaní, marroquí y de Guinea Ecuatorial. En uno de los locales, se produjo la paradoja de que uno de los porteros, de raza negra, se dirigió a una de las participantes en la prueba, también negra, y le espetó: "los negros no consumen", para no aplicarle la entrada gratuita.

SOS Racismo ha alertado de que "este tipo de abusos no se tienen que menospreciar por el hecho de afectar a derechos no básicos, como es el acceso a un local privado". Según la ONG, las discriminaciones racistas no sólo se producen en los locales de ocio, sino en la búsqueda de vivienda o de trabajo, lo que impide un buen proceso de integración.

El testing nigth europeo realizado en ciudades de siete países ha sido organizado por la European Grassroats Antiracist Movement (EGAM), que este miércoles ha presentado una petición al Parlamento Europeo para que los resultados de estas acciones sean reconocidas como pruebas legales en casos de discriminación racial, como ya sucede en Francia y Bélgica.