La Comisión de Educación del Parlamento gallego ha aprobado este viernes con los votos a favor del PPdeG el informe de la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de Convivencia y Participación de la Comunidad Educativa, una iniciativa a la que se han opuesto con sus votos BNG y PSdeG, que han criticado en particular el ámbito de participación de la comunidad educativa que recoge la norma, que han tildado de "ficción".

En general, los tres grupos han aceptado la visión del informe de las enmiendas técnicas y referidas a cuestiones de precisión lingüística y jurídica, que constituían la mayor parte de las presentadas por el PPdeG, aunque han debatido en profundidad sobre el carácter "participativo" de la ley tras rechazarse aquellas enmiendas relativas a esta cuestión y las encuestas a los padres.

Así, tanto la diputada del BNG Carme Adán como el socialista Guillermo Meijón han criticado que la Ley de Convivencia se haya realizado "a espaldas de la comunidad educativa" y que, en su opinión, "no parta del consenso", algo que ha sido rechazado de pleno por el popular Román Rodríguez.

En particular, Carme Adán ha condensado los problemas de esta normativa en la "falta de diálogo", el hecho de que "no recoge de forma suficiente el ámbito de la mediación" de conflictos, la "ausencia de una cultura de paz" y la "falta de concreción" sobre "las condiciones y medios necesarios en los centros" para mejorar el clima escolar.

Asimismo, Adán ha visto en los tres artículos que abordan en la normativa la participación de la comunidad educativa "una ficción legislativa" en la que "sólo se recoge que se harán encuestas". Por su parte, el grupo de los socialistas también ha criticado este punto y, de hecho, ha presentado una propuesta —rechazada en el informe— de eliminación de parte del nombre de la ley, concretamente la que alude a la "participación de la comunidad educativa".

"Es un intento de lavarle la cara al presidente de la Xunta", Alberto Núñez Feijóo, ha indicado Guillermo Meijón, quien ha visto en este apartado una "normativa para amparar un decreto del plurilingüísmo" y, en concreto, las encuestas a los padres. "Pudieron hacer una ley de participación y no la hicieron. Es una ley trampa", ha señalado el diputado del PSdeG, que ha propuesto la eliminación directa de los artículos que se refieren a este supuesto en la ley, algo que tampoco se incluye.

Ante la actitud de rechazo de los grupos de la oposición de los artículos referentes a la participación, el diputado popular Román Rodríguez ha acusado a PSdeG y BNG de "no apostar por la participación directa de las familias" y tratar con sus enmiendas de "reducir la autonomía de los centros".

Formación de educadores

De las 49 enmiendas presentadas por el BNG —de las que han sido aceptadas 10 y transaccionada 1—, Carme Adán ha hecho hincapié en la necesidad de que esté presente en el articulado en mayor parte la "necesidad de formación" de la comunidad docente en el ámbito de la convivencia y la resolución de conflictos, algo que, en su opinión, "está poco presente". "No se asume ningún compromiso concreto", ha indicado Adán, que ha apostado por la conformación de un programa de formación concreto en resolución de conflictos.

Asimismo, en el ámbito del Plan de Convivencia, ha evidenciado la necesidad de elaborar, además de los planes de centro, un plan a nivel gallego y un informe anual sobre la convivencia y los conflictos en el aula, algo que no ha sido aceptado en el informe. Al mismo tiempo, al igual que el PSdeG, ha reclamado que la Xunta redacte de forma más concisa el articulado referente a la vestimenta, que, en su opinión, aparece de forma "vaga" en la normativa.

En la misma línea, la nacionalista ha reclamado que la normativa "recoja los recursos y condiciones necesarias" para la mejora del buen clima escolar en el centro, así como que la Consellería de Educación "asuma compromisos" con aspectos como los ratios y el alumnado con necesidades educativas especiales.

Finalmente, se ha referido a cuestiones como la necesidad de regular los objetos que podrán ser requisados por los profesores —algo que también han reclamado desde el Grupo Socialista—, el incremento de coordinación y contactos entre centros y ayuntamientos y la elaboración de un protocolo integral contra el acoso escolar, tanto de atención a la víctima como de reeducación del agresor.

Más participación de los alumnos

Por su parte, el diputado del PSdeG Guillermo Meijón —cuyo grupo presentó al texto 51 enmiendas, de las que se han aceptado 17 y se ha transaccionado 1—, ha destacado entre sus reclamaciones una mayor participación del alumnado en "la elaboración de los derechos y deberes" de los escolares.

Además, Meijón ha criticado que el texto "muestra un desconocimiento importante de lo que es la resolución pacífica de conflictos", dado que "sólo" se incluye la fórmula de conciliación, que es "una más" de las existentes.

Finalmente, el diputado del PPdeG Román Rodríguez ha recordado que de las 29 enmiendas presentadas por su partido a esta norma, que ha calificado de "innovadora" y "pionera en España", la "mayor parte" se refieren a cuestiones "técnicas". De las que plantean modificaciones de contenido, Rodríguez ha destacado la que implica el impulso de la creación de escuelas de padres y madres en los centros y la que reclama el fomento de los contratos programa, un punto que ha sido criticado por la oposición como intento de "privatizar la educación".

Asimismo, los populares han evidenciado la necesidad de ampliar la cobertura jurídica no solo a los profesores de los centros, sino también al personal no docente; así como que "exista, en caso de conflicto, una prevalencia de la víctima" y que el alumnado participe "en la resolución pacífica de conflictos".

De las enmiendas presentadas por el PPdeG la Comisión ha aceptado la postura del informe de todas excepto de la referente a los contratos programa, cuya aceptación ha sido rechazada por los grupos de la oposición.

En conjunto, el PPdeG ha votado a favor de la aprobación del informe, mientras que PSdeG y BNG lo han rechazado, fundamentalmente por la no inclusión de sus enmiendas referidas a la participación "real" de la comunidad educativa y la precisión en otros títulos como el relativo a la vestimenta, las consultas a los padres o los recursos para la formación del profesorado en materia de conflicto y la resolución de problemas.