La defensa del letrado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, ha dicho este jueves que el caso Minutas sobre presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella es un procedimiento "paradigmático de inquisición general", que se ha instruido al margen de las garantías de un proceso justo.

El abogado Pedro Apalategui, que ha comenzado su informe para rebatir las conclusiones del ministerio público, ha calificado de "repudiable" en un Estado de Derecho esta "causa prospectiva", en la que se han investigado nueve años de vida profesional de su cliente.

En su exposición, el letrado ha indicado que el escrito de la Fiscalía tiene más "naturaleza intuitiva" que de conclusión y ha criticado las "acusaciones sorpresivas" durante todo el procedimiento.

En este sentido, ha advertido de que "no se pueden adicionar hechos distintos a los que han sido objetos de acusación" inicial, como mantiene que ha ocurrido en el escrito definitivo de la Fiscalía con algunos delitos como el de tráfico de influencias.

Según la defensa de Del Nido, su cliente iba a afrontar un proceso en el que se tenía que defender de tres imputaciones y se encontró en la vista oral con que tenía que responder a nueve, lo que ha considerado una consecuencia de la "causa general" contra él.

Asimismo, Apalategui ha reprochado la pretensión mediática de algunas referencias del fiscal como que su cliente se situó en "el núcleo de la corrupción", con las que ha aseverado que consiguió la "degradación" de valores fundamentales como la honra y el prestigio.

El abogado también ve una finalidad de proyección mediática en el aumento de 13 años y medio a 30 de la petición de cárcel para Del Nido, que a su juicio carece de "base y contenido jurídico".

Ha insistido en que Del Nido "no sustituyó" a José Luis Sierra como jefe de la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento de Marbella porque el alcalde "le encargó la fiscalización del Tribunal de Cuentas pero no todos los asuntos".

También ha negado la existencia de un pacto con otros acusados para cometer un supuesto fraude, y ha criticado que el fiscal haya utilizado la "cabriola jurídica" de convertir a su cliente en funcionario o autoridad de hecho para situarlo "en disposición de apropiación de bienes sin ningún tipo de obstáculos".

El defensor ha señalado que no se puede hacer reproche a la forma de contratación de su cliente, y ha explicado que las minutas meramente se cuestionan por ser altas, pese a que el propio interventor las "apadrina".