El Senado ha aprobado este martes por unanimidad una moción por la que insta al Gobierno a manifestar a la Xunta su "plena disposición y voluntad política" para desarrollar y avanzar en el autogobierno de Galicia, negociando los traspasos de funciones y servicios pendientes, así como iniciar las negociaciones para transferir otros como la gestión de las autopistas o las líneas ferroviarias.

Así lo han acordado todos los grupos parlamentarios en el Pleno de la Cámara Alta después de que el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, presentara una moción que, finalmente, ha sido transaccionada y contó con el acuerdo de todos los grupos.

En concreto, el Senado pide al Ejecutivo que convoque, "en atención a la solicitud realizada por el Gobierno gallego y una vez se concilien las respectivas agendas, la Comisión Bilateral Galicia-Estado para adoptar decisiones respecto al traspaso de funciones y servicios a Galicia de competencias pendientes de desarrollar, según el Estatuto vigente".

De este modo, reclama que se ejecuten los acuerdos ya suscritos sobre el traspaso de funciones y servicios relativos a Inspección de Trabajo, becas y ayudas al estudio no universitario, Museos y Bibliotecas de titularidad estatal, además de avanzar en otras como seguro escolar o sanidad penitenciaria.

Pero también solicita que el Gobierno estudie la "viabilidad" de traspasar aquellas competencias que han sido propuestas formalmente por el actual Gobierno de la Xunta, que preside el 'popular' Alberto Núñez Feijóo.

Autopistas y líneas ferroviarias

En el marco de aquellas competencias sobre las que aún no se han iniciado negociaciones, el Senado insta al Ejecutivo a "analizar en la próxima subcomisión de seguimiento de las inversiones la posibilidad de transferir la gestión de las autopistas AP-9 y AP-53".

Además, reclama que se inicien las conversaciones para proceder al traspaso de las líneas ferroviarias que quedarían en desuso al finalizar la construcción del AVE y el traspaso de los servicios intrarregionales que permitan implantar un transporte ferroviario de proximidad en Galicia.

En su defensa de la moción, Pérez Bouza ha señalado que esta propuesta es "justa y razonable", pero ha advertido de que "sólo con buena voluntad no es suficiente para hacer efectivos los traspasos, sino que es necesario dar pasos firmes y que las negociaciones no se eternicen en el tiempo".

Los grupos parlamentarios de CiU y Entesa Catalana de Progrés han mostrado su total apoyo a la moción, ya que respaldan el incremento del autogobierno de Galicia como el que se ha producido en Cataluña en los últimos años.

Enfrentamiento pp-PSOE

Mientras, el senador socialista Pablo García ha manifestado la disposición del PSOE a seguir transfiriendo competencias a Galicia, por lo que ha afirmado que coincide plenamente en que se convoque "cuanto antes" la Comisión Bilateral para "profundizar" en estos acuerdos, sobre todo cuando, según ha destacado, la reforma del Estatuto de Autonomía "no parece ser una prioridad" para el PP.

Pero el senador popular José Manuel Barreiro le ha contestado que lo que falta con respecto al traspaso de más competencias a Galicia es la "voluntad política" del Gobierno central, ya que ha asegurado que la Xunta ha pedido en varias ocasiones la convocatoria de la Comisión Bilateral. "¿Cuántas veces más hay que pedir que se reúna la Comisión?. Podemos mandar todas las solicitudes, pero el problema es la voluntad política del Estado", se ha preguntado.

Es más, Barreiro ha criticado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no haya contestado a estas reclamaciones de la Xunta cuando las transferencias que aún quedan pendientes quedaron acordadas con el Ejecutivo gallego del PSdeG y el BNG. Por ello, ha acusado al Gobierno central de "cercenar" las aspiraciones del pueblo gallego y ha demandado para éste "el mismo tratamiento que se le está dando a otras comunidades autónomas".

Sobre el Estatuto y su posible reforma, el senador del PP considera que, dado que "hay cinco millones de parados y que nuestro país vive su situación más dramática", los ciudadanos gallegos no entenderían que su Gobierno autonómico se esforzara en redactar un nuevo texto estatutario y no en tomar medidas para acabar con la crisis económica.