Carlos Carretero, principal cabecilla de la red acusada de conseguir fraudulentamente pensiones de incapacidad laboral, ha confesado este miércoles que cobró 18.000 euros por los trámites que realizó para Remedios Torres, la madre de María José Campanario, quien, según ha dicho, estuvo al tanto del proceso.

Carretero, exjefe de la Policía Local de Ubrique, uno de los 25 acusados de este proceso, ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Cádiz que ha reanudado este miércoles el juicio de la denominada "Operación Karlos" que, como a la suegra de 'Jesulín de Ubrique', cobró a "unas diez o doce" personas por unos trámites con los que aceleraba el proceso para obtener las pensiones.

Ha explicado que para ello contaba con la complicidad de su amigo el inspector médico Francisco Casto Pérez, otro de los acusados en este proceso, y quien, debido a su cargo y a su relación con otros médicos que firmaban partes de baja, podía hacer que unos trámites que habitualmente tardan "unos 18 meses" se realizaran en "unos tres o cuatro meses".

Con sus declaraciones ante el tribunal reconociendo su implicación en los hechos, el exjefe de la Policía Local de Ubrique ha cumplido lo que, tanto él como otros dieciséis acusados, han pactado con el fiscal, unos acuerdos que han rechazado otros nueve acusados, entre ellos María José Campanario y su madre, Remedios Torres.

Ambas han seguido en el banquillo de los acusados con constantes movimientos de cabeza y comentarios entre ellas las declaraciones de Carretero ante las preguntas del fiscal y de las abogadas que representan a la Seguridad Social y a la Junta de Andalucía, puesto que el exjefe de la Policía de Ubrique se ha negado a contestar a los defensores.

Carretero ha contado que las gestiones para otras personas las comenzó después de que Casto Pérez, un amigo que le pedía "muchísimos favores" en negocios, consiguiera su incapacidad laboral y la de otros dos compañeros de la Policía Local.

Así, ha contado que después otras personas recurrieron a él, quien ponía los casos en conocimiento del inspector médico para que éste decidiera si tenían posibilidades de conseguirlo o no. A quienes se les tramitaba les exigía dinero porque, al acelerar los trámites, podían obtener "unas doce mensualidades más", por lo que él les pedía aproximadamente la mitad de esta cantidad.

En el juicio, que se reanudará este jueves con la declaración del resto de los acusados, han declarado este miércoles también otros imputados, como Elisa Calvente, la novia de Carretero; Manuel Gómez, un ex policía de Ubrique que trabajaba como conductor para Carretero o el empresario Manuel Angel Fernández, quien ha dicho que pagó 24.000 euros por los trámites.