Los tres grupos parlamentarios del PSC-PSOE, CC y PP han aprobado por unanimidad —50 votos— este miércoles en Pleno la Ley de Cajas de Ahorros de Canarias que como novedad incluye el límite de ocho años para los altos cargos de las entidades.

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, explicó cómo nació la tramitación de la norma. Así indicó que se ha producido una reforma del sector de las cajas. Indicó que el pasado febrero se reforzó el sistema financiero que obligó retocar el texto previsto por el Ejecutivo regional. "Se puede considerar que ayer mismo el Estado aprobó la Ley 2/2011 de Economía Sostenible que obliga a las cajas a elaborar un informe sobre los salarios de los miembros del consejo de administración", dijo.

Ruano indicó que el texto se ha visto afectado por tres decretos ley. Agradeció la tramitación urgente y abreviada de la norma y dijo que el Gobierno espera que el consenso de los trabajos en ponencia se traslade al pleno. "Dar fortaleza a las cajas canarias en los grupos bancarios en que se integran y dar confianza a los mercados", resumió sobre los objetivos de la norma.

El presidente del grupo parlamentario popular, José Manuel Soria, expuso que la crisis tuvo un origen financiero que han llevado a "altas tasas de desempleo". El diputado del PP indicó que se puso de manifiesto la necesidad de una "reestructuración" para aumentar los recursos básicos de capital y adecuar las estructuras operativas de las cajas.

Soria expuso de igual forma que las modificaciones llevadas a cabo refuerzan "al menos teóricamente" la solvencia en función de los acuerdos internacionales para adaptarse al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROP). "No se ha conseguido lo que buscaba el FROP", ha argumentado.

A su juicio, la ley es consecuencia de muchas circunstancias: adaptación a la Lorca, necesidad de reestructuración y la adaptación a los cambios legislativos. "Es necesaria pero no cambia la realidad financiera", dijo para destacar que limita la representación de las administraciones públicos hasta un máximo del 40 por ciento. Añadió que limita hasta 8 años la duración de los cargos.

Soria también destacó que se pide más profesionalización de los altos cargos y que los representantes del Parlamento deben ser de "reconocido prestigio". "Hoy las dos cajas están integradas en Bankia y Banca Cívica, que serán instituciones centrales del futuro sistema español", continuó para puntualizar que no quería pensar en lo que hubiera pasado si se hubieran integrado las dos sin recursos suficientes. El diputado del PP además resaltó que los procesos se han dado sin interferencias políticas y dados "en buena dirección".

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, indicó que quienes en peor situación estaban eran las cajas debido a problemas por el movimiento de la economía y tal vez por una "expansión excesiva".

"Este proyecto es claro y ha habido crítica con retrasos, pero se ha debido a que tenía que adaptarse a la normativa", defendió el nacionalista quien aclaró que la norma aparece gracias al Estatuto y contiene 107 artículos. Añadió que se establece el porcentaje de la participación del Parlamento en las cajas y que se limita los periodos de los altos cargos. González propuso aquí una enmienda 'in voce' para que los consejos de administración cuenten con un número que oscila entre 9 y 13 miembros.

"Esta regulación va a las cajas tradicionales", indicó el diputado de CC para señalar que al haber transferido su patrimonio a bancos, ya que necesariamente tienen que pasar a ser "fundaciones de carácter especial" y seguirán con su papel importante que es la Obra Social. "Es una ley perfectamente adaptada a la ley básica y hemos demostrado que con diálogo se puede alcanzar la unanimidad", afirmó.

Sin normativa

Por último, el diputado del PSC-PSOE, Blas Trujillo, ironizó al decir que tras la "cascada de despedidas" del anterior pleno "alguna cosa no se ha hecho bien, cuando estamos aquí". Lamentó además que se haya obviado la legislación de esta materia. "De facto, han sido las instituciones locales de Gran Canaria y Tenerife quienes han marcado el devenir de ambas cajas", argumentó para denunciar la falta de ausencia legislativa regional.

"Nuestro Gobierno no ha tenido ninguna ingerencia", continuó diciendo destacando esto como aspecto positivo debido a la falta de atendimiento. "Nuestra ley es del año 1990", expuso el socialista para afirmar que "en corto plazo" habrá nuevos cambios legislativos en materia estatal. Trujillo insistió en que la nueva realidad dará lugar a más cambios todavía. "A pesar de ello es bueno que tengamos nuestro ordenamiento a la normativa básica del Estado y ha sido importante que tramitaremos la totalidad de la ley", señaló.

Trujillo recordó que se han aprobado 91 enmiendas, dos de ellas 'in voce'. Sobre el conjunto dijo que habrá una menor intervención del Gobierno y tender a una "mayor profesionalización" sin menoscabo de las competencias de la Comunidad. Según admitió fue "muy controvertido" el hecho de los años a los que se puede acceder a los órganos de gobierno y planteó que se deja la del Decreto. A su juicio se ha mejorado "entre todos" el texto presentado.