Los abogados del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y del que fuera delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ambos imputados dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones, han elevado sendos escritos ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que se posicionan a favor de que la Junta entregue a la juez todas las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad.

En este sentido, el letrado de Antonio Rivas, Joan Ánder Sánchez, ha explicado a Europa Press que ha sido esta semana cuando ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 en el que se opone al conflicto de jurisdicción planteado por la Administración autonómica, cuya postura ha sido apoyada por la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de pedir a la juez Mercedes Alaya que "decline" su jurisdicción "en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas" de los Consejos de Gobierno, sustituyendo este requerimiento por el de certificación acreditativa de los acuerdos adoptados expedida por el secretario de dicho órgano de gobierno.

En el escrito, el abogado del ex delegado provincial de Empleo, que también se encuentra imputado por el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del Grupo La Raza para el desarrollo de una escuela de hostelería, pone de manifiesto que la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla "requiere una instrucción completa sin partes vedadas al conocimiento de la juez", en referencia al hecho de que la Junta se haya negado a entregar las actas de los Consejos desde el año 2001.

Aclarar el "alcance" de los hechos

De este modo, el letrado de Antonio Rivas incide en su escrito en que, de cualquier forma, "es necesario que se aclare el conocimiento y alcance de los hechos en todos los niveles de la Junta de Andalucía", todo ello al tiempo que ha querido dejar claro que se opone al conflicto de jurisdicción planteado por la Administración autonómica "partiendo de la base de que, como Rivas es inocente, no hay nada que ocultar", según ha apuntado el propio Jon Ánder Sánchez a Europa Press.

De su lado, la abogada de Francisco Javier Guerrero también ha elevado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 en el que se posiciona a favor de que la juez Mercedes Alaya pueda tener "libre" acceso a las actas de los Consejos de Gobierno, y muestra su sorpresa y dice "no entender" el hecho de que la Junta de Andalucía, "que presume de colaborar" con la juez, no entregue las referidas actas y "ponga trabas" a este respecto.

Recientemente, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, declaró que la colaboración de la Junta de Andalucía con el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, es del "99,9 por ciento", porque "estamos en el mismo barco", discrepando únicamente en la entrega de las actas de los consejos de Gobierno. "Sólo tenemos una discrepancia en relación con las actas del Consejo de Gobierno porque creemos que la petición del conjunto de las actas choca con la Ley de Gobierno de Andalucía", apuntó.

La postura de la fiscalía

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ha instado a la juez a "declinar" su jurisdicción "en el único extremo de no reclamar la entrega de las actas" de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, sustituyendo este requerimiento por el de certificación acreditativa de los acuerdos adoptados expedida por el secretario de dicho órgano de gobierno. Así, considera, en primer lugar, que la juez "eventualmente estaría invadiendo competencias que son propias del Gobierno autonómico, en concreto al reclamar las actas de los Consejos de Gobierno en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados".

Tras ello, estima que la juez Alaya "está reclamando la entrega de dichos documentos en su conjunto, sin establecer ninguna discriminación, abarcando tanto a las materias clasificadas como reservadas (los informes que queden incorporados a las actas), como incluso las secretas (deliberaciones y votaciones, en su caso), por cuanto los citados documentos que constituyen las actas lo son en su conjunto".

"La remisión en su totalidad de todas las actas del Consejo de Gobierno desde el año 2001, sin hacer una selección de las mismas ni tampoco delimitar con criterios más precisos el ámbito de lo interesado, constituye una actuación que difícilmente resulta compatible con la regla de la proporcionalidad", según critica la Fiscalía, que añade que, "si bien es prevalente en este punto el interés general de la investigación penal al que responde la actuación judicial, también debe ser merecedora de cuidada reserva la protección de los intereses generales y públicos que ostenta un órgano de relevancia constitucional como es el Gobierno de la Junta de Andalucía".