En este sentido, las mismas fuentes han precisado que un juzgado de Instrucción investiga el robo de un bebé en el año 1979 en el antiguo hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento andaluz, mientras que el Juzgado de Instrucción número 18 investiga otro caso y el de Instrucción número 6, cuya titular es la juez Mercedes Alaya, está investigando el caso de un bebé supuestamente desaparecido en el año 1973 en el Hospital Virgen del Rocío.

De su lado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha recibido la denuncia por el presunto 'robo' de un bebé producido en 1975 en el Hospital Virgen Macarena. Además, el Juzgado de Instrucción número 9 está investigando otro caso que fue archivado inicialmente por prescripción del delito, pero que ha sido reaperturado tras el recurso de la Fiscalía, han apuntado las mismas fuentes consultadas por Europa Press.

Por otro lado, la Fiscalía de Sevilla, a través del fiscal coordinador, José Escudero, investiga en total 30 casos —el último por el robo de un menor en el año 1973 en el Virgen del Rocío—, entre ellos los 13 remitidos por la Fiscalía General del Estado y que forman parte de la demanda colectiva interpuesta por Anadir. No obstante, el departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido rechazó abrir una causa general para investigar estos casos e instó a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de sus respectivas provincias.

Recientemente, el Ministerio Público archivó una denuncia interpuesta por un hombre que quería conocer a sus padres biológicos tras descubrir que era adoptado cuando fue a pedir la partida de nacimiento para contraer matrimonio. Fue el día 23 de febrero cuando este hombre, nacido en el año 1951 en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas presentó una denuncia ante la Fiscalía "al objeto de conocer a sus verdaderos padres", ya que, al pedir la partida de nacimiento, pudo observar sus "verdaderos apellidos", que se correspondían con los de sus padres biológicos y no con los de sus padres de adopción, ya fallecidos y "que no lo habían inscrito como suyo".

De este modo, el nombre de los padres adoptivos únicamente constaba en la partida de bautismo del denunciante, que es vecino de Sevilla. La Fiscalía ha decidido archivar la denuncia, pues, aunque entiende "el interés humanos" del asunto, dice que "es forzoso reconocer que no hay indicio de delito, pues no hay alteración fraudulenta del estado civil".