En un auto notificado el martes, el magistrado acusa a los procesados de los delitos de integración en organización terrorista de naturaleza yihadista, conspiración para el atentado, falsificación de moneda y falsificación de documentos.

Grande-Marlaska señala que el atentado pretendía acabar con la vida de las personas que habitualmente se encuentran en la Audiencia Nacional, que calcula en 980, "y destruir los archivos que afectaban a los 'hermanos muyahidines', además de la trascendencia que se conseguiría con el atentado a un organismo judicial emblemático".